Del 2020 al 2024, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México recibió al menos 200 millones de pesos de la Fiscalía de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sin especificar en qué gastó esos recursos públicos.
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Al preguntar cómo se ejerció ese presupuesto, el presidente del Consejo Ciudadano y próximo director del C5, Salvador Guerrero Chiprés, dijo que ese organismo sólo tiene la obligación de reportar sus gastos a las dependencias públicas que las entregan esos fondos.
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“Se podría saber si el Consejo Ciudadano fuera un ente obligado, pero no lo es (…) La obligación del Consejo es con los donantes y si ellos tienen esa disposición, yo creo que tal vez lo harían”, declaró.
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De acuerdo con Guerrero, hasta 2018 se recibieron alrededor de 106 millones de pesos en donaciones y esta cifra ha bajado aproximadamente en 30 por ciento.
La realidad es que lo recibido por el Consejo triplica la cifra que su presidente dice.
Miles de apoyos a adultos mayores
Los 385 millones entregados a este organismo en cinco años equivalen a 10 mil 694 apoyos a adultos mayores como los entregados por las Pensiones para el bienestar, que cada bimestre entrega seis mil pesos a los beneficiarios, o 36 mil pesos al año
La Silla Rota tiene copia de ocho convenios de colaboración firmados por Guerrero Chiprés como representante del Consejo Ciudadano con la Fiscalía y la SSC.
El primero ocurrió durante la gestión de Ernestina Godoy Ramos como fiscal en 2020 por 38 millones de pesos que fueron entregados por transferencia electrónica en seis pagos.
El último, firmado por el encargado de la oficina, Ulises Lara, por 38 millones en enero de 2024.
En el caso de la SSC, el primer convenio se firmó en 2021 por 45 millones y el último en 2024, por la misma cantidad. En total, la Secretaría de Seguridad entregó 180.9 millones por cuatro convenios, mientras la Fiscalía dio 185.5 millones correspondientes a cinco convenios.
Millones en la opacidad
El artículo 147 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México dispone que “toda persona moral, organizaciones de la sociedad civil (…) que reciban recursos públicos por cualquier concepto deberán proporcionar a los sujetos obligados de los que los reciban la información relativa al uso, destino y actividades que realicen con tales recursos”.
En la sección de Transparencia de la SSC se puede encontrar el informe que el Consejo remitió a la dependencia donde no existe detalle de la forma en que usan los recursos.
A contracorriente de lo que sostiene el aún presidente del Consejo Ciudadano, La Silla Rota cuenta con la respuesta a una solicitud de información hecha a la Secretaría de Seguridad Ciudadana en mayo de este año, en la que rechaza entregar un informe sobre la forma en que el organismo gasta los recursos públicos que se le entregaron.
“El Sujeto Obligado competente para atender a su solicitud es el Consejo Ciudadano para la Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia de la Ciudad de México” y proporciona los datos de contacto con la dirección que corresponde a ese ente, en la calle Amberes #54, colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc.
En alguno de los convenios firmados pueden encontrarse los informes de actividades desarrolladas y un desglose general de gastos, sin precisar a quién se pagó individualmente y los montos.
Por ejemplo, en el de 2024 señala que dieron 2023 se brindaron 320 mil 678 “atenciones” relacionadas con seguridad, SOS mujeres, diversidad, esto es, asistencia a ciudadanos para presentar denuncias, asistencia psicológica, cómo protegerse de extorsiones, etcétera.
En la página “aplicación de recursos” señala que en el primer cuatrimestre pagaron 9 millones 989 mil 151 pesos en recursos humanos, un millón 673 mil en recursos materiales, un millón 340 mil en servicios y un millón 997 mil en vinculación ciudadana.
En ningún caso hay desglose de cuánto se pagó a cada empleado, qué servicios se contrataron o qué significan los recursos materiales.
Se anota, sin embargo, que donaron 40 cartuchos para las impresoras digitales de la SSC, sin anotar el precio unitario de cada uno.