En la primera quincena de 2024, el Sistema Cutzamala ya enfrenta una crisis hídrica recrudecida que ha obligado a autoridades de la Ciudad de México a implementar un nuevo recorte en el suministro de todos los hogares capitalinos e, incluso, pone en la mira al Congreso CDMX la necesidad de regular y castigar las extracciones clandestinas de agua.
La semana comenzará con un nuevo plan de abasto en el que la CDMX espera reducir hasta 800 litros por segundo el envío de agua en las 16 alcaldías, pues el sistema hídrico de almacenamiento, conducción, potabilización y distribuidor del líquido en el Valle de México no puede permitirse una sequía más grande de la prevista, que inició en noviembre 2023 y ya se tiene prevista normalizar hasta julio de 2024.
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Ante el anuncio del recorte a la administración de agua en la Capital, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, y el titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), Rafael Carmona, aseguraron que ya existe una inversión de 828 millones de pesos para obras de recuperación en los que se apuesta por 1,959 litros por segundo en junio; no obstante, recuperar el caudal será una labor de todo el año
Entre las recomendaciones que se hicieron a las familias de CDMX se encuentra: no regar los jardines con agua potable, reducir el uso de lavadoras, no usar agua para lavar carros, patios, banquetas o riego, cerrar la llave al enjabonar los trastes, reparar las fugas en casa y reutilizar el agua empleada en tareas domésticas.
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Esfuerzos para garantizar abasto de agua en CDMX
Ante la disminución del caudal en el Sistema Cutzamala y la crisis hídrica que enfrenta todo el Valle de México en consecuencia, existe una problemática que autoridades buscan frenar a toda costa: las tomas irregulares y el "huachicoleo" de agua.
Y es que, ya en los primeros cuatro días del año el mandatario local, Martí Batres, había señalado como prioridad la investigación, clausura y castigo a quienes realizan extracciones clandestinas y luego venden el líquido en costos altos a comunidades donde la escasez del líquido es frecuente; ahora es el Congreso CDMX quien considera la imposición de sanciones severas, incluyendo penas de hasta ocho años de prisión.
Se trata de una iniciativa legislativa, propuesta por el diputado morenista Nazario Norberto Sánchez, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso, que tiene como objetivo abordar el problema a nivel ciudadano y gobierno.
Según el Artículo 309 BIS de la propuesta, se establecerían penas de dos a seis años de prisión y multas de 150 a 200 unidades de medida y actualización (UMA), aproximadamente 21,214 pesos, para aquellos que distribuyan o suministren agua potable ilegalmente, ya sea a través de pipas u otros medios de almacenamiento, con el propósito de obtener beneficios económicos. Esto también incluiría a quienes extraigan o obtengan agua ilegalmente de una fuente no autorizada.
Estas disposiciones contemplan penas mucho mayores si el delito es cometido por una persona que ostente un cargo público y para los servidores públicos que faciliten la sustracción ilegal de agua potable de la infraestructura hidráulica.
Hasta el momento, la iniciativa está en proceso de análisis en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, pero se espera que durante el año, conforme avanza la crisis hídrica y se buscan medios para mitigarla, pueda ser una realidad.