Cuautitlán, Estado de México.- Una adolescente de 12 años de edad era obligada a vender flores y chocolates en locales comerciales de municipios de Tultepec, Tultitlán y Cuautitlán, obligada por un individuo de 30 años de edad, mismo que fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia del estado de México y recluido un penal, lugar donde pagará una condena de 30 años de prisión al ser sentenciado por un Juez.
De acuerdo con el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Adrián Juárez Jiménez de 30 años, obligó a una menor de 12 años a vender rosas y chocolates en comercios de Cuautitlán, Tultepec y Tultitlán, por lo que al ser denunciado ante esa institución fue detenido al comprobarse que incurrió en el delito de trata de personas, en la modalidad de explotación a través de los trabajos forzados y en agravio de un menor de edad.
El hombre, según datos de la Fiscalía estatal, ese individuo transportó y obligó a la adolescente de entonces 12 años, a vender rosas y chocolates en el interior de diferentes establecimientos y cuando ella no juntaba la cantidad de 4 mil 500 pesos por la venta de sus productos la golpeaba.
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La menor señaló en su declaración que el dinero que reunía por la venta se lo entregaba a Adrián Juárez, actividad que realizó de manera obligada desde noviembre de 2021 al 16 de julio de 2022, fecha en que la adolescente huyo del domicilio de este su explotador.
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Al hombre lo estuvieron buscando por varias semanas en los lugares donde la menor realizaba la venta, hasta que fue capturado con base en una orden de aprehensión otorgada por un Juez.
Tras su captura el individuo fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán, donde fue sentenciado por un Juez por el hecho delictivo de trata de personas, en la modalidad de trabajos forzados, con las agravantes de habitar en el mismo domicilio, donde se utilizó violencia en contra de la menor de edad.
También el individuo deberá pagar una multa de 3 millones 030 mil 930 pesos y la cantidad de 136 mil 600 pesos como reparación del daño, y al ser sentenciado se le suspenden también sus sus derechos civiles y políticos.
VGB