A 9 años de la denominada “estafa maestra” en el Estado de México, la diputada local Azucena Cisneros Coss, presentó un punto de acuerdo para exigir al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (Osfem) y al Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma del Estado de México, que abran investigaciones por los probables delitos de corrupción en los que habrían participado autoridades que siguen ocupando diversos cargos de la administración pública estatal.
Recordemos que la “estafa maestra” en el Estado de México es el mayor caso de corrupción y saqueo de recursos públicos del que se tiene registro, y que de acuerdo con diferentes indagatorias, involucró la triangulación de más de 5 mil millones de pesos de recursos federales a través de universidades estatales, empresas fantasmas y particulares, hechos por los que hasta ahora, no ha habido ningún funcionario sancionado.
La diputada, integrante de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, informó que la Auditoría Superior de la Federación documentó un esquema fraudulento desde el 2011, el cual incluye 73 contratos adjudicados a 8 universidades públicas por 11 dependencias federales entre 2013 y 2014, de acuerdo con lo revelado en el libro “Estafa Maestra”.
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“Esta red desvió en conjunto más de 7 mil millones de pesos en ese periodo, con apoyo de 186 empresas fantasma o irregulares. De esos 73 contratos fraudulentos documentados por la ASF y citados en el libro, un total de 14 correspondieron a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la cual los operó a través del Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT)”, explicó la diputada de Morena.
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El punto de acuerdo propuesto por la diputada Azucena Cisneros para que se abran investigaciones contra al menos 30 políticos, altos funcionarios y exrectores de la UAEM ligados al PRI y en especial al Grupo Atlacomulco, quienes habrían operado la red de corrupción que terminó con el desvío de alrededor de 3 mil millones de pesos solo entre 2011 y 2014; fue rechazado por la bancada del PAN, PRI Y PRD.
Al respecto, el grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado de México, precisó que “El punto de acuerdo presentado por la Diputada Azucena Cisneros Coss fue distinto al registrado y aprobado previamente en el orden del día, lo que constituye una clara violación a la norma. Razón por la que, también, es necesario puntualizar que la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento.
“Las y los diputados locales que integramos la LXI Legislatura votaron en contra de que el punto de acuerdo presentado, más no informado en el orden del dia, fuera aprobado sin antes conocer el contenido. Por ello, responsablemente, las y los integrantes del Congreso local votaron para que el acuerdo sea estudiado, enriquecido y aprobado por las comisiones legislativas que corresponden”, señaló.
La bancada priista indicó que es indispensable aclarar que la Legislatura carece de facultades de investigación y sanción sobre asuntos que le competen a las autoridades del ámbito federal, y pretender exhortar a autoridades locales, en este tema, es un sinsentido. “En este sentido, es preciso destacar que el caso señalado es de competencia federal, pues alude a una presunta red de desvíos de recursos derivados del informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre las cuentas públicas del Gobierno Federal en 2013-2014”.
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La estafa maestra en Edomex
Sin embargo, la diputada agregó que los 14 contratos mencionados en el libro “Estafa Maestra” no son los únicos que presentan irregularidades y que habrían servido para que este grupo de políticos, funcionarios y exrectores de la UAEM, desviaran dinero, pues existen al menos 10 auditorías forenses que dan constancia de un saqueo prolongado entre el FONDICT y dependencias del gobierno federal, esto cuando Peña Nieto era presidente y Eruviel Ávila gobernador.
“Los cálculos más conservadores nos colocan ante desfalcos y saqueos mediante el FONDICT y una red de alrededor de 200 empresas, que podrían rondar los 5 mil millones de pesos, ya que la firma de contratos se prolongó hasta el 2017, cuando el rector Alfredo Barrera, no solo firmó el último contrato fraudulento con DICONSA, sino que siguió encubriendo las operaciones del FONDICT y los delitos y desvíos de su antecesor –Jorge Olvera– y este de su antecesor”, aseveró Cisneros.
También informó que la UAEM recibió, desvío y distribuyó un total de 1,431.8 millones de pesos, producto de convenios firmados con SEDESOL entre los años 2012 y 2014, los cuales tenían que haberse destinado a pagar la pensión de adultos mayores y para la cruzada nacional contra el hambre.
Por otro lado, una investigación complementaria del portal The Observer, documentó la existencia de más de cien contratos fraudulentos similares a los 14 descritos en el libro la “Estafa Maestra”, los cuales estarían firmados por el FONDICT y contarían con la inclusión de varias docenas de empresas fantasma.
En cuanto a los exrectores de la UAEM: Eduardo Gasca Pliego, Jorge Olvera García, Alfredo Barrera Baca y Carlos Eduardo Barrera, se informó que junto con altos funcionarios del estado habrían efectuado el desvío de fondos públicos a cambio de recibir comisiones por contratos fraudulentos adjudicados desde el gobierno Enrique Peña Nieto, que en el 95% de los casos violaban el tope del 49% por ciento en subcontrataciones que dispone la ley.
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La diputada destacó que la Auditoría Superior de la Federación ordenó la realización de observaciones y pliegos de responsabilidad a la UAMEM, pero que dichas observaciones fueron desatendidas, se omitieron las sanciones, y ni siquiera se dio parte a la Fiscalía General de Justicia del Estado o a la Fiscalía General de la República (PGR) de la probable comisión de delitos fiscales.
Los fondos públicos que habrían sido desviados en la estafa maestra habrían sido utilizados para financiar la propaganda empleada durante las campañas de Osorio, Rosario y Peña Nieto, así como en las elecciones estatales de 2017, declaró Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de la SEDESOL en 2021 ante un juez.
“Esto significa que la dirigencia del PRI del 2017 en el Estado de México, fue la responsable de operar los recursos ilegalmente obtenidos de la Estafa Maestra, para inyectarlos al proceso electoral de ese año”, apuntó la diputada.
Debido a estos actos de corrupción y desvío de recursos públicos, las diputadas Azucena Cisneros Coss y Daniel Sibaja, pidieron a los diputados de la oposición que se atiendan los temas de rendición de cuentas, transparencia y el combate a la corrupción, pues está comprobado el desvió de 3 mil millones de pesos y no hay ningún funcionario de la UAEM, otras universidades estatales, o funcionarios del Gobierno del Estado de México vinculados a proceso por esos delitos.
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VGB