La Fiscalía General de Justicia (FGJ) informó que obtuvo elementos suficientes para presumir la existencia de una red de lavado de dinero relacionada con el caso de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez, que el gobierno de Ciudad de México denominó “Cártel Inmobiliario”.
En el mensaje que la institución decidió dar cada semana sobre supuestos delitos cometidos por panistas y sus familiares, Ulises Lara, vocero de la FGJ, dijo que en las investigaciones por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita se cuenta con nombres de implicados en una pirámide de complicidades que encabeza Sofía Soraya “N”, hermana de Christian “V”, ex alcalde en Benito Juárez.
La sospechosa fue aprehendida en el estado de Querétaro, en febrero de este año, e investigada por el delito de asociación delictuosa.
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“Dicha persona fungió como la apoderada legal de empresas, las cuales se encuentran probablemente vinculadas con Nicias René ´N’, ex director de Obras de la alcaldía Benito Juárez, quien también es investigado por enriquecimiento ilícito".
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“La representación social tiene identificadas a otras cinco personas probablemente relacionadas en esta red de lavado de dinero; de ellas, dos podrían ser familiares del ex director de Obras de la alcaldía Benito Juárez”, puntualizó.
En dicha red supuestamente habrían participado testaferros y empresas fachada que, asociados entre sí, enajenaron, adquirieron, administraron y dieron en garantía bienes inmuebles con el propósito de impedir que se conozca su origen.
Las siete personas encabezadas por Sofía Soraya “N”, Nicias René “N” y otras cinco, probablemente están relacionadas en esta red de lavado de dinero y habrían operado a través de tres empresas de distintos giros: una constructora, otra que aglutina centros educativos privados y otra más dedicada a inversiones.
“Además de estas siete personas, y la referida en el pasado mensaje, a quien se le descubrió un incremento en su patrimonio hasta por 300 millones de pesos, se tienen identificadas a otras cinco más que están en la base de la pirámide; testaferros cuya conducta podría estar relacionada con la adquisición, enajenación o administración de bienes inmuebles”, añadió Lara.
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La mayoría de esta red de lavado de dinero, son ex servidores públicos y familiares de dichos funcionarios.
La FGJ dio vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a la Procuraduría Fiscal de la Federación y lo hará en la Fiscalía General de la República (FGR), por tratarse de posibles delitos del orden federal.
VGB