En cada 10 divorcios, siete padres no cumplen con la obligación de la pensión alimenticia, mientras que tres de cada cuatro implicado en un divorcio de sus progenitores no reciben pensión alimenticia, al igual que el 67.5 por ciento de las madres solteras, según datos de la Comisión de Derechos Humanos y del INEGI, por lo que el Registro Nacional de Deudores Alimentarios sancionará a los morosos y limitará sus trámites administrativos personales, una vez que sea armonizada la Ley en todos los estados del país.
Se trata de un instrumento de justicia para las y los menores que se encuentran en desamparo debido a la separación de sus padres, aquí ya hay una ley que se espera armonizar con las reformas aprobadas en marzo de este año, dijo la legisladora Karina Labastida, quien añadió que se trata de proteger los derechos de los más vulnerables en los momentos más necesarios para brindarles un respaldo, en esta entidad mexiquense que pese al tamaño de su población registra cifras menores al promedio en materia de deudores alimentarios.
En datos del INEGI, con base en el Censo de Población y Vivienda señalan que durante el 2020 se registraron 92 mil 739 divorcios y 335 mil 563 matrimonios. Señala la institución que por cada 100 matrimonios hubo 27.6 divorcios.
Te podría interesar
Añade que en 2020 que el 90.6 por ciento del total de los divorcios fueron resueltos por vía judicial, mientras que el 9.4 por ciento correspondieron a divorcios resueltos por vía administrativa.
Datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), indican que, en el país tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia, ni tampoco el 67.5% de las madres solteras, por falsedades que los deudores emplean para evadir su responsabilidad. Una tercera parte de los hogares del país, precisó, son sostenidos por mujeres, con ingresos generalmente bajos y carencias particulares derivadas de la pobreza o pobreza extrema.
Por unanimidad se aprobó en el Pleno del Senado creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, en el cual se incluirán los nombres completos de los deudores morosos, que incluye restricciones para trámites administrativos como la expedición de licencias de conducir, expedición de actas de nacimiento, solicitud de pasaporte y hasta la negación a salir del país.
Y en el caso particular del Estado de México, de acuerdo con el portal del Gobierno de esa entidad, es requisito fundamental para ingresar como funcionario público de los municipios o de esa entidad gubernamental el tener un Certificado de No Deudor Alimentario.
La reforma que fue aprobada el 22 de marzo de 2023 en el pleno del Senado considera a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, que incluye una base de datos con la información de los morosos alimentarios.
La Ley entrará en vigor en mayo de 2023, luego de que sea publicada en la Gaceta de Gobierno, a partir de esa fecha, según lo establece el ordenamiento, las personas que se encuentren en esa situación además de que no podrán realizar trámites de documentos personales, tampoco podrán realizar transacciones de compra-venta de un bien inmueble
“o cualquier objeto que sea oneroso, tendrás que mostrar que no estas inscrito en este registro de deudores alimentarios”, señala el documento.
Esta Ley que restringe a los onerosos deudores alimentarios, no es solo para varones, sino que obedece a una determinación judicial, en la cual puede estar inscrito tanto los varones como las mujeres.
De esta manera todas las personas adultas en el país deberán contar con este Certificado de No Deudor Alimentario, que les permitirá en lo sucesivo, a partir de mayo, realizar trámites como licencias, permisos para conducir, pasaporte, documento de identidad como actas de nacimiento, cartilla militar y permisos para viajar al exterior.
Según el documento impide a quienes estén en ese Registro de Deudores participar como candidato a cargos de elección popular, en procesos de selección para asumir el cargo como jueces locales o federales y realizar trámites ante Notarios Público relativos a la compraventa de inmuebles y otros trámites.
La instancia encargada es el Registro Civil, que, de acuerdo con la reforma, inscribirá al Deudor Alimentario Moroso con base en una sentencia judicial, luego de un Juicio de lo Familiar se les instruirá para su incorporación en el Registro correspondiente.
Además, la reforma contempla que el retiro del nombre del deudor alimentario se debe hacer también por intermediación de una orden judicial, luego de que el inscrito haya cumplido con los pagos correspondientes que tenga pendientes.
Servicio Especial de la Mujer, 15 de abril de 2023, en colaboración de Sara Lovera describe que con base en referencias del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de cada 10 divorcios, siete padres no cumplen con la obligación de la pensión alimenticia.
Añade el artículo, que, con la implementación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios, los tribunales de Justicia de todas las entidades federativas deberán proporcionarle al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) la información de las personas que tengan que pagar una pensión alimenticia.
Como antecedente, en distintos Congresos Locales las voces de los representantes populares han empujado de manera reiterada la creación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, de hecho, ya es una realidad en entidades como el Estado de México, Coahuila, Chiapas, Guerrero y la propia Ciudad de México que fue la pionera, y que lo ha implementado con enorme éxito.
No obstante, con la referida reforma el DIF nacional tendrá un plazo de 300 días hábiles para la conformación de una base de datos y la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y todos los Congresos Locales tendrán como máximo 120 días hábiles para la armonización de sus Leyes.
Siendo el estado de Sinaloa quien con antelación el Congreso reformó leyes diversas para armonizarlas con la Constitución Política de esa entidad en las que se sumó a la ley conocida como 3 de 3, que establece que quienes tengan sanción por cometer violencia política contra las mujeres a razón de género, o ser agresor familiar o estar registrado como deudor alimentario moroso.
Hay quienes buscan evadir la Ley con fraude familiar.
En abril de 2022, la legisladora local María Luisa Mendoza propuso reformas al Código Penal y al de Procedimientos Penales y explicó que, aún y cuando ya existe el fraude familiar, esa conducta es un atentado al derecho a la alimentación, que calificó como una de las formas más comunes de violencia de género y una violación contra el interés superior de los menores.
Propuso en su momento que se ampliaran los supuestos del delito de fraude familiar, a fin de incorporar otros nuevos como es el caso de que una de las partes enajene, done, transfiera u oculte los bienes de la sociedad conyugal o patrimonio durante el matrimonio, para que sea un delito que se persiga por oficio, cuando los afectados sean menores de edad.
Consideraba el fraude familiar en esos casos donde previamente al inicio de un juicio de pensión alimenticia, el posible deudor alimentario se deshaga de los bienes de su patrimonio personal para afectar el monto de la pensión a entregar.
Para conocer a los deudores alimentarios morosos
Las personas o autoridades del Estado de México interesados en la búsqueda de deudores alimentarios morosos, pueden ingresar al portal ciudadano http://www.edomex.gob.mx, luego en el apartado “trámites y servicios” y en el cuadro de búsqueda escribir la palabra deudor e ingresar a trámite en línea.
Sin embargo, para esta búsqueda el usuario debe tener su Clave Única de Trámites y Servicios (CUTS) de la Ventanilla Única de Trámites y Servicios del portal ciudadano, la Clave Única de Registro de Población (CURP) e ingresar los datos de la persona de la cual se va a solicitar la búsqueda que son la clave CURP, nombre completo y hacer un pago de 91 pesos por trámite.
Si se requiere de realizar el trámite de manera presencial, también se puede hacer en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, y la Dirección General del Registro Civil que se encuentra en Paseo Colón 800 en la colonia 8 Cedros, en la ciudad de Toluca.
Este martes una asociación civil convocó a víctimas de deudores alimentarios morosos a que participen llevando la foto o una lona para exhibir a al presunto infractor que se han negado a proporcionar este derecho.
Bajo la firma de Ley Sabina, están convocando a los afectados a las 10:00 horas este 18 de abril de 2023, en las inmediaciones del Congreso Legislativo del Estado de México.