Alexandra Rojo de la Vega, activista y empresaria, expresó abiertamente en un video en sus redes sociales su alarma y descontento respecto a la vigilancia y el espionaje de sus comunicaciones por parte de las autoridades como lo es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Según menciona en su video, esta situación se ha convertido en un punto de discusión significativo, tanto para ella como para su familia y allegados.
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La controversia surge a raíz de una publicación del New York Times que, con documentos proporcionados por autoridades, reveló cómo en la Ciudad de México se espía a activistas, políticos de oposición, e incluso a miembros del mismo partido Morena. Entre los afectados se encuentra Rojo de la Vega, quien, en ese entonces, mostraba una postura contraria al grupo de Claudia Sheinbaum.
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Rojo de la Vega compartió que desde 2020 hasta 2021, ella y su familia fueron objeto de investigaciones por supuesto secuestro. Los informes de Telcel, mencionados por Rojo de la Vega, indican que la Fiscalía de la Ciudad de México solicitó la intervención de sus comunicaciones, argumentando investigaciones por delitos de extorsión.
En respuesta a estas acciones, Rojo de la Vega solicitó información a la Fiscalía y a Telcel sobre la intervención en sus comunicaciones. Mientras Telcel confirmó la entrega de información basada en órdenes de la Fiscalía, desde la Fiscalía se negó inicialmente la existencia de tal investigación. Posteriormente, se admitió la investigación pero se indicó la destrucción de los contenidos recabados.
Este escenario desencadenó un conflicto de declaraciones entre la Fiscalía y Rojo de la Vega. La Fiscalía, encabezada por Ernestina Godoy, inicialmente negó la existencia de investigaciones contra Rojo de la Vega y su familia, atribuyendo las acusaciones a campañas orquestadas por la oposición. Sin embargo, tras las contradicciones en sus respuestas, la posición oficial de la Fiscalía quedó en entredicho.
La preocupación de Rojo de la Vega radica, según ella, en el impacto que estas acciones tienen sobre su vida personal y profesional, así como en la violación de sus derechos y privacidad. Además, expresó su temor frente a estas prácticas, pero reafirmó su compromiso de continuar exponiendo lo que considera malas prácticas, corrupción y negligencia por parte de las autoridades.
El espionaje de la Fiscalía de Godoy
Recientes revelaciones por parte de The New York Times pusieron en el centro de la controversia a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, dirigida por Ernestina Godoy. Según el diario, la Fiscalía habría ordenado registros telefónicos de varios políticos y funcionarios, incluyendo a Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, y Lilly Téllez, entre otros.
Estas acciones se han interpretado como un uso indebido del sistema de justicia para fines políticos. La información divulgada sugiere que los números telefónicos de estas figuras aparecieron en investigaciones relacionadas con secuestros y desapariciones, lo que fue utilizado para justificar solicitudes a la empresa Telcel para obtener historiales de llamadas y mensajes.
El alcance de esta vigilancia incluye a miembros del partido Morena, como Horacio Duarte e Higinio Martínez. La situación se complica aún más para Ernestina Godoy, quien enfrenta desafíos para ser ratificada en su cargo, especialmente tras las declaraciones del PRI y el PAN en el Congreso capitalino. El caso de Santiago Taboada es particularmente notorio. El alcalde, tras ser detenido por elementos de la policía en febrero, planteó dudas sobre si su arresto fue un error, una casualidad o parte de una estrategia de intimidación.
La fiscalía, por su parte, ha negado las acusaciones de espionaje. En un comunicado, afirmaron que no espían a figuras políticas ni a ninguna persona, sino que realizan investigaciones con fines legales. Esta declaración, sin embargo, no ha disipado las preocupaciones sobre posibles abusos de poder y la manipulación del sistema judicial para fines políticos.
DJC