La voz de María Rodríguez, migrante originaria de Venezuela, se pierde entre la multitud de transeúntes que ahogan al Centro Histórico de la Ciudad de México. Acompañada de su hijo Isaid José, de seis años, pide a los peatones monedas para poder comprar comida.
Desde hace tres semanas que llegó a la capital, la calle se convirtió en su hogar. Ahí duerme, come y trabaja en espera de reunir dinero para continuar su tránsito hacia Estados Unidos.
"Me he encontrado con algunas dificultades. Sin trabajo, sin comida, estando en la calle. El simple hecho de llegar hasta acá a México es un riesgo. En las noches debo quedarme a dormir aquí en la calle con mi hijo, pero pues no tengo miedo porque sé que Dios nos protege".
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Aunque la infancia de Isaid transcurre entre la incertidumbre, el hambre, el frío y la lluvia, mientras su mamá pide dinero, él se entretiene con algunos juguetes que la gente le ha regalado en la calle. María espera que, una vez que logré llegar a Estados Unidos, pueda encontrar el sueño americano.
"En Estados Unidos me gustaría encontrar un mejor futuro para mí y para mí hijo. Dejé Venezuela para ayudar a mi familia que está allá, porque allá no hay trabajo, no hay comida, los sueldos no alcanzan para nada".
María y su hijo forman parte del universo de 7 mil 709 personas en condición migratoria irregular que han llegado a la Ciudad de México en lo que va del año, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la CDMX.
La Silla Rota ha documentado los rostros de la crisis migrante en la capital. En septiembre pasado se dio a conocer la situación que guarda el Albergue Cafemin, ubicado en la alcaldía Gustavo A Madero, donde duermen más de 600 migrantes en un espacio destinado solo para 80 personas.
Condiciones similares caracterizan a Casa Tochan, un albergue ubicado en en la colonia José María Pino Suárez, en la alcaldía Álvaro Obregón, el cual ha tenido que cerrar sus puertas a los migrantes debido a la situación de hacinamiento.
Gabriela Hernández, directora de este albergue, refirió a La Silla Rota que, a pesar de que el 11 de noviembre de 2022 el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) firmaron un convenio para facilitar la incorporación laboral en territorio nacional de las personas migrantes extranjeras, la situación, lejos de mejorar, se ha agudizado.
DJC