Atizapán de Zaragoza.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) recomendó al gobierno de México eliminar la figura de la prisión preventiva oficiosa, para evitar casos como el de Daniel García Rodríguez, quien permaneció 17 años encarcelado sin recibir una sentencia.
La magistrada Esmeralda Arosemana indicó que en la las leyes mexicanas habilita a ala autoridad judicial a proceder con la prisión preventiva en razón de la gravedad de los delitos, lo que es "inconvencional", debido a que "implica una detención arbitraria, contraria a la presunción de inocencia".
En una larga jornada de más de 4 horas realizada en el marco de la 150 Sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 13.333, donde Daniel García Rodríguez demanda ante los jueces que el Estado Mexicano le restituyan su situación tal y como la tenía, ante de que fuera inculpado por el homicidio de la regidora María Angélica Tamez Pérez ocurrido el 5 de septiembre de 2001.
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Luego de que el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos le diera el uso de la palabra, Daniel García señaló que pide que el Estado Mexicano le restituyan la situación en la que se encontraba antes del proceso penal, que le costó perdida de casas, de un rancho y una panadería entre otras cosas que le permitían una forma de vida económicamente estable.
"El proceso penal donde se me involucró y donde estuvimos Reyes Alpízar y yo, encarcelados 17 años 6 meses y un día, nos dejó en una mala situación económica, mis hijos los tuvieron que sacar de escuelas particulares e ingresar a públicas, la familia tuvo que apoyarnos, mis padres y hermanos me llevaban comida, agua y ropa al penal de Barrientos en Tlalnepantla".
Añadió ante los jueces de la CoIDH que su vida en el penal era salir a patio 5 veces diariamente por los 17 años 6 meses que estuvo en una celda donde compartía el espacio con un grupo de personas entre procesados y sentenciados, homicidas y violadores.
Señaló que desde que inicio el proceso penal en su contra no conoció de la causa de que se le imputaba, "me tuvieron encerrado en un hotel de Tlalnepantla por 45 días, encadenado e incomunicado, donde no se me permitió siquiera contactar algún abogado, ya que se me decía que solo estaba detenido en calidad de testigo.
Narró que al lugar llegó un funcionario de la Subprocuraduría que pretendía hacerle firmar unos documentos donde incriminaban a otros personajes políticos y "como me negué se me dijo que entonces pagaría con quienes más quiero. Encarcelaron a mis hermanos, a mis medios hermanos y a mi padre por el mismo delito que se me acuso. Pero como ellos también eran asuntos infundados pues salieron absueltos".
Daniel fue cuestionado por los integrantes de la Corte en relación a la situación de confinamiento que vivió en el penal, de sus necesidades de atención a la salud, y de sus preparación de su propia defensa jurídica.
"Dedica algo de mi tiempo en prepararme en mi celda, y me hice cargo de la biblioteca, hice más de 60 amparos, apoye a algunos de mis compañeros de celda con ellos. Al principio tenía abogados, pero cuando el dinero se acabó, los primeros cinco años de encierro, entraron abogados de oficio, pero solo hacían presencia en las audiencias, dijo y añadió, luego en ese proceso mi hija se hizo abogada y ahora se sumo a mi defensa", explicó.
En el informe de fondo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expuso ante la Corte, que sesionó desde antes de las 7:00 y hasta después de las 11:00 horas, se narra la forma que en Daniel y Reyes fueron detenidos sin una orden judicial, arraigados por tiempo fuera de la ley mexicana y luego por 17 años y 6 meses bajo Prisión Preventiva Oficiosa, encerrado todo ese tiempo y luego bajo libertad condicionada con un brazalete electrónico.
A pregunta expresa de una juez, Daniel dijo que se dedicaba a la panadería, en particular era pastelero y que actualmente no trabajaba por la limitación del brazalete que le impide pasar a otra entidad como la CDMX.
En otra de sus participaciones en el momento de preguntas y respuestas Daniel señaló que la probable causa que originó todo después del homicidio de la regidora el 5 de septiembre de 2001, quien estaba al frente del gobierno, Arturo Montiel quiso armar todo con el entonces procurador Alfonso Navarrete Prida para que si partido se fijara en él con miras a la candidatura a la Presidencia de la República, "creo que por eso tantos comunicados (40) que fueron enviados a los medios de comunicación para el impacto mediático, que finalmente les falló, explicó.
A la sesión acudió un nutrido grupo de una Consultoría Jurídica y funcionarios del Gobierno del Estado de México y del Gobierno de México, quienes hicieron pocos cuestionamientos, más enfocaron su atención en la ponencia de Daniel García y en los argumentos del propuesto José Ramón Cossio, que sustentó la tesis de la inconveniencia de las figuras del Arraigo y de Prisión Preventiva Oficiosa.
Entrevistado por La Silla Rota luego de concluida la audiencia Daniel García explicó que una vez que se concluyó la audiencia ante la Corte tendrán 30 días para presentar conclusiones, posteriormente la Corte dictará sentencia en un periodo de 4 a 8 meses, "creemos que podría ser antes dada la claridad de los hechos expuestos", dijo Daniel.
(SAB)