Tula de Allende.— Un exempleado de Iberdrola, Héctor García Ferrero, está detrás de El Sol de Tula S.A. de C.V., una empresa que ha usado en contratos de arrendamiento con campesinos del ejido de San Miguel de la Piedras II, una extensa planicie ubicada en el occidente de Tula, Hidalgo, en la que pretende construir un parque fotovoltaico de 800 hectáreas.
Uno de estos contratos lo tiene Mario Badillo Olguín, un adulto mayor que es propietario de 3.5 hectáreas del ejido de San Miguel de las Piedras II. A finales de 2019 el campesino —que apenas sabe leer y escribir— fue citado en la Notaría 1, ubicada en el centro de Tula, para que firmara el acuerdo de arrendamiento.
Cada metro de la parcela de Mario Badillo fue tasada a 83 centavos mensuales, de acuerdo con el convenio modificatorio elaborado por El Sol de Tula S.A. de C.V. Que tiene número inscripción N-2019091482 en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, fecha 29 de agosto de 2019. El socio mayoritario es Héctor García Ferrero, con 49.999 de las acciones.
Te podría interesar
Este ingeniero de origen español tiene contratos para la venta de electricidad a largo plazo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con su empresa oficial: Kolya Desarrollos Renovables S.A. de C.V.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO
Te podría interesar
La multinacional Kolya Desarrollos Renovables S.A. de C.V. se promociona en internet como un corporativo comprometido con la compatibilidad del desarrollo económico, social y ambiental. Sus oficinas en México están ubicadas en avenida Michoacán, número 9, interior 102, colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc. Es la misma dirección del Sol de Tula S.A. de C.V. que aparece en el convenio que firmó Mario Badillo Olguín.
Otra actividad sospechosa que rodea el parque fotovoltaico es que carece de evaluación de impacto ambiental como marca la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. En la solicitud de información 330026724002019, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) respondió en un oficio, del 12 de junio de 2024:
“…no se tiene registro de trámites en evaluación o evaluados en materia de impacto ambiental, evaluados o resueltos sobre impactos ambientales de proyectos relacionados con un proyecto o Manifiesto de Impacto Ambiental del parque fotovoltaico que se instalará en la localidad San Miguel de la Piedras II, situada en Tula, Hidalgo”.
Además, el 22 de julio de 2023, el gobierno de Tula clausuró un centro de monitoreo solar que fuera instalado meses antes en el ejido, según consta en una minuta de trabajo firmada por el secretario municipal Jhordan Gerardo Lara Cervantes y Efraín Pedraza Cruz, que en ese entonces era director de Gobernación en la región.
El documento relata que el centro de monitoreo era propiedad de la empresa de Héctor García; no obstante, el centro para medir la radiación solar fue instalado por Cielo Claro consultoría ambiental S.A. de C.V., que tiene a Kolya en su lista de clientes destacados.
Kolya Desarrollo Renovables S.A. de C.V. fue consultada para esclarecer las prácticas en la instalación del parque fotovoltaico en la región de Tula, pero no hubo respuesta.
Un factor clave para la transición energética
Para que empresas de origen extranjero —como la de Héctor García Ferrero— tuvieran participación en el mercado del sector energético nacional, se realizaron una serie de cambios constitucionales. En 2013, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se concretó la Reforma Energética, facilitando la instalación de proyectos de energía renovable, incluidos los parques fotovoltaicos.
Kolya Desarrollos Renovables S.A. de C.V., la empresa formal de García Ferrero, tiene dos contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la venta de energía a largo plazo, con otras dos plantas fotovoltaicas en Aguascalientes y Navajos, Sonora.
Además, Kolya tiene proyectos en Estados Unidos, Rumania, Australia, Colombia y España. En último país, la expansión desordenada de megacentrales de energía han encendido alarmas debido a que prevalecen los criterios económicos sobre ambientales. Se ha detectado una concentración excesiva de capital en unas cuantas empresas, cuyas prácticas se imponen a los pequeños propietarios de la tierra, como lo señala un artículo de la revista Sience: “Renewables in Spain threaten biodiversity”.
En México hay 102 megacentrales distribuidas a lo largo del territorio, entre estas se encuentra la Central fotovoltaica Guajiro, que es el primer parque solar de Hidalgo. Está ubicado a unos 10 kilómetros de San Miguel de las Piedras II, en el poblado de Nopala de Villagrán. Tuvo una inversión de 2 mil 300 millones de pesos, con 370 mil paneles solares en una extensión de 410 hectáreas que genera alrededor de 300 gigawatts por hora.
En la inauguración, 10 de junio de 2019, el entonces gobernador Omar Fayad Meneses dijo que había 12 mil 800 millones de pesos de inversión privada en proyectos de energía similares.
En contra del abuso, no de las energías renovables
Unos meses después de la inauguración del parque solar de Nopala, el comisariado ejidal Itulio Pérez Rodríguez —quien se ha desempeñado como intermediario—, convocó a una Asamblea Comunitaria en el ejido de San Miguel de la Piedras II para la presentación del proyecto de energía solar.
Tomás Ramírez estuvo en la reunión, afirma que las promesas deslumbraron a algunos campesinos, pero otros fueron escépticos. El proyecto fue aprobado por mayoría con 78 votos y 48 en contra.
“Llegaron ofreciéndoles la cantidad de 1,200 dólares, les hablaron en dólares a los campesinos… y 200 dólares eran para los corredores, entonces nomas les iban a quedar mil dólares, supuestamente, entre comillas, porque después les hicieron firmar un contrato. El último contrato que los campesinos tienen y ese es el enojo de nosotros, que están jugando con las personas adultas, con los campesinos… este, donde van a recibir 1,000 pesos por hectárea, los campesinos, y el impuesto sobre la renta lo tienen que pagar los campesinos. Las tierras van a pasar de ser de uso agrícola a uso industrial eléctrico, imagínese que les va a venir quedando a los pobres campesinos, pues nada”, señaló en entrevista Tomás Ramírez.
Días después, el 17 de diciembre de 2019, Mario Badillo Olguín firmó un contrato de arrendamiento con El Sol de Tula S.A. de C.V. La empresa tenía apenas cuatro meses formalizada, el 29 de agosto de 2019 en la Notaría Pública 45, con sede en Naucalpan, Estado de México.
El señor Mario, como lo llaman otros ejidatarios, es un adulto mayor que ha pasado la mayor parte de su vida en el campo. Camina despacio con un bastón de madera, usa sombrero de paja y tiene las manos gruesas. Recuerda que el comisariado Itulio Pérez le dijo que se presentara en la Notaría 1, ubicada en el centro de Tula, para que firmara el contrato que hoy busca dejar sin efecto.
“En eso andamos, pero a ver, que se logre echar eso para abajo. Cuando dieron los contratos dijeron vamos a ir tal día a la notaría, fuimos como 19, esa vez, allá, pues pasaron todos rápido y fírmele, fírmele, no pues ya firmamos, que nos iban a dar nuestro dinerito, que no íbamos a pagar ningún interés, que nuestro dinero iba a ser íntegro, no va a haber nada de pagos de… por decir… de este… en hacienda, todo eso, que no íbamos a pagar, pero sí, ¿cómo qué no?, vamos a tener que pagar todo eso, hasta contador para que lleve la contabilidad, como si nos dieran muchísimo dinero”, narra Mario, rodeado por la extensa planicie de San Miguel de las Piedras II.
Meses después, Mario Badillo firmó un convenio modificatorio al contrato de arrendamiento inicial que establece un plazo forzoso de 30 años y dos pagos por concepto de reserva de 500 pesos por hectárea más IVA. El documento de dos hojas sin fecha tiene tres cláusulas importantes:
- Una prórroga del periodo de gracia, que se extiende hasta diciembre de 2025, en la que el arrendador podrá “de forma unilateral y sin responsabilidad alguna” dar por terminado y de manera anticipada el contrato.
- Un pago por reserva de 500 pesos por hectárea que el arrendador se obliga a pagar al arrendatario
- Modificación del segundo pago por reserva, que también es por la cantidad de 500 pesos más IVA por hectárea, que se pagará a los tres meses, en caso de que el arrendatario obtenga el estudio indicativo por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y siempre que sea “técnica, legal y económicamente para el arrendatario”. El mismo segundo pago de reserva se divide en dos partes, 400 pesos para el arrendador y 100 pesos para el administrador.
Al pasar los meses, Mario Badillo Olguín desistió de rentar sus parcelas, son alrededor de 3.5 hectáreas. Se había esfumado la promesa de que recibiría pago en dólares.
“Prometieron 1,200 dólares por hectárea, por eso uno se animó, porque dijeron que no íbamos a pagar impuestos, que no se iba a pagar nada, y cuanto de que sí se iba a pagar, ahí nos tienen sin darnos nada”, dice Mario Badillo, mientras recorre la tierra en la que pastan vacas y borregas.
El convenio modificatorio y el contrato de arrendamiento que firmaron Mario Badillo y otros ejidatarios que han desistido de rentar sus parcelas para la instalación del parque fotovoltaico en San Miguel de las Piedras II tiene cauce en el Tribunal Superior Agrario ubicado en la Ciudad de México.
No obstante, el 20 de julio de 2023, ingresaron a la parcela de Mario Badillo Olguín trabajadores que llevaban maquinaria para hacer mediciones. Ese día, Ramón Olguín se trasladó al terreno con otros ejidatarios. Narra que los trabajadores usaban uniformes con logotipos de Iberdrola, la empresa en la que trabajó Héctor García Ferrero, pero que en apariencia no tiene relación comercial con El Sol de Tula S.A. de C.V. o Kolya Desarrollos Renovables S.A. de C.V.
Recuerda que también llegó gente de poblados vecinos que no quieren que se instale el parque fotovoltaico en San Miguel de las Piedras II. Desalojaron a los trabajadores que llevaban uniformes de Iberdrola y desmantelaron un centro de monitoreo solar.
El gobierno de Tula clausuró el centro de monitoreo, según consta en una minuta de trabajo firmada por el secretario municipal Jhordan Gerardo Lara Cervantes y Efraín Pedraza Cruz, que en ese entonces era director de Gobernación en la región.
Un día después, el 22 de julio de 2023, habitantes de San Miguel de las Piedras II se manifestaron para exigir que las autoridades les ayudaran a cancelar los contratos de arrendamiento de los ejidatarios que desistieron de rentar.
Para el 4 de agosto de 2023. Se realizó la sexagésima cuarta sesión ordinaria de cabildo. Por unanimidad la Asamblea municipal de Tula acordó no autorizar permisos de construcción ni licencia de funcionamiento para la instalación del parque fotovoltaico.
No obstante, el compromiso de no entregar una licencia de construcción del cabildo está vigente hasta el 4 de septiembre de 2024, cuando cambie el gobierno municipal. En la elección del pasado 2 de junio, ganó Christian Martínez bajo las siglas de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Dos meses después de los hechos registrados en el ejido, el 5 de septiembre de 2023. En asamblea extraordinaria a solicitud de Edith Cruz Meza, cambió el consejo de administración de El Sol de Tula S.A. de C.V. Juan José Moreno Sánchez quedó como presidente, Héctor García Ferrero pasó a secretario y Azucena Bálcazar Herrera, comisariada. El acta del Registro Público de la Propiedad y Comercio revela que el consejo directivo se modificó, pero no los porcentajes de las acciones. García Ferrero sigue siendo el socio mayoritario.
Para el 6 de septiembre del año pasado, ejidatarios retuvieron a cinco trabajadores de la consultoría ambiental Cielo Claro, quienes realizaban un estudio para extracción de agua del subsuelo. Los empleados de la consultoría iban acompañados del comisariado ejidal, Itulio Rodríguez Pérez.
Dos meses después, en noviembre de 2023 se realizó una nueva Asamblea Comunitaria en la plaza de plaza pública de Michimaloya, una localidad vecina de San Miguel de las Piedras II. Los vecinos votaron por unanimidad cancelar la instalación del parque fotovoltaico.
El rechazo hacia el proyecto de aprovechamiento de luz solar en la región ha ido en aumento debido a la Central fotovoltaica Guajiro, de la empresa Atlas Renewable, que opera desde 2019 en Noapala. Los habitantes de la región han observado que se ha acentuado la sequía en los alrededores de la planta solar y señalan que la empresa bombardea las nubes para que no llueva, aunque no hay estudios que avalen sus dichos.
El 24 de febrero de 2024, Héctor García Ferrero dio una entrevista a un medio de comunicación que se especializa en negocios. García Ferrero anunció que ganó contratos para la venta de energía solar a la Comisión Federal de Electricidad mediante las subastas 1 y 3, por medio de la que construirá dos plantas fotovoltaicas, una en San Luis Potosí y la otra en Navajos, Sonora.
Para el 17 de abril de 2024, los habitantes de San Miguel de las Piedras II se manifestaron afuera de los juzgados del distrito judicial de Tula, para exigir la absolución de nueve campesinos a los que se les había acusado de amenazas e intento de linchamiento contra trabajadores que hacían mediciones en el terreno de Mario Badillo Olguín.
“…Se metieron a mi parcela a hacer unos trabajos, a hacer unas escalas, la verdad los corrí de ahí, pero al haberlos corrido, resultó que fuimos llamados al agente del Ministerio Público… Por lo mismo que los corrimos de mi parcela, la maquinaria, más no le dijimos al señor palabras pesadas, nada, … Semos (sic) nueve personas que nos acusaba que lo torturamos y que lo íbamos a quemar, pero no fue nada cierto de eso, puras mentiras del señor que fue a decir”, recuerda el adulto mayor.
Un día después, el 18 de abril de 2024. Por segundo día consecutivo habitantes de San Miguel de las Piedras II se manifestaron afuera de los juzgados del distrito judicial de tula, ubicados en la carretera Tula-Michimaloya. Finalmente, para el 20 de abril, el conflicto judicial se resolvió. Las partes llegaron a un acuerdo de no agresión.
“Estamos seguros de que la empresa está metiendo las manos, por ejemplo, en la cuestión legal, nos tenían que haber notificado desde el día que nos demandaron, teníamos que haber llegado a la primera reunión de conciliación, entonces las autoridades se brincaron todo eso, ya cuando nos llegó la notificación era porque ya teníamos que presentarnos y si no nos presentábamos ya nos giraban la orden de aprehensión, por lógico, que ahí hay dinero de por medio o algo mal hecho, pues los tenían que haber notificado, nos tenían que haber conciliado primero y esto se pasaron por todo esto, ya nosotros nos teníamos que presentar porque si no en ese momento giraban la orden de aprehensión”, menciona Tomás Ramírez, sobre la demanda judicial que interpusieron el comisariado ejidal y trabajadores en contra de él y otros ocho ejidatarios, entre los que estaba Mario Badillo Olguín.
El proyecto para la instalación de celdas solares está detenido, pero no ha sido cancelado, persiste la división entre los ejidatarios que están a favor del parque fotovoltaico y los que están en contra. El gobierno municipal de Tula fue consultado el 17 de junio de 2024, respecto al conflicto originado por la central eléctrica, pero no respondió.
sjl