Pachuca.— Noé y su hija han sido víctimas de violencia vicaria, psicológica y violencia institucional, por parte de su exesposa y los jueces familiar y penal, ya que a pesar de que la mujer no tiene la custodia de su menor hija desde hace tres años, ni convive con la menor, ha iniciado una demanda penal por el pago de pensiones alimenticias y los jueces le han dado la razón exigiendo el pago arriba de 200 mil pesos por parte del padre de la menor, cuando es él quien se encarga del cuidado, alimentación, calzado, colegiatura y todos los gastos que tienen que ver con su hija.
Noé contrajo matrimonio en 2005 en Pachuca, pero por motivos de empleo cambiaron de domicilio a Monterrey, en donde radicaron 10 años. En 2007 recibieron la noticia de que serían padres. En Monterrey ella dedicada al hogar y al cuidado de la niña, mientras él era el proveedor de la casa, pero había inconformidad porque al regresar al hogar todo era un desorden: ropa sucia, sin limpieza y para colmo la niña sin comer y sin cambiar. La situación familiar cambió por la inseguridad que vivió Noé en Monterrey, tras un secuestro y de un día a otro decidió regresar a Pachuca.
Ya en Pachuca las condiciones cambiaron: una casa más pequeña; él, primero desempleado y luego con un sueldo menor al que obtenía en un estado del norte del país, aunado a que ella seguía sin apoyar, tanto en casa como en las cuestiones que se relacionaban con su hija, pues las llamadas por parte de la escuela fueron en aumento por la falta de atención evidente que había hacía la menor, recuerda el hombre.
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En 2015, y tras 10 años de matrimonio, él presenta la demanda de divorcio y ella intenta negarse, “pero no había marcha atrás ni opción de elegir”, comenta Noé y desde entonces a la fecha han mantenido una pelea judicial, por el pago de pensiones, por la custodia de la menor, por los bienes, y una serie de cosas que han hecho interminables los asuntos.
De inicio, la mujer se quedó con la custodia de la menor, pero él tuvo que interponer un incidente dentro del asunto familiar porque la niña pasaba la mayor parte del tiempo en una casa (la de los abuelos) donde había un hombre adulto, soltero y sin actividades, se alegó riesgo en la integridad de la pequeña. Aunado a ello que la niña se iba a la escuela sin desayunar, sin lunch, no la recogían, y hubo una ocasión en que el intendente la llevó al domicilio de los abuelos porque nadie fue por ella. La mamá no acudía a juntas, convivios, ni cualquier cita de la escuela. La mujer también se quedó con la casa y los bienes muebles para que vivieran ambas.
Para Noé han sido ocho años de pago de pensiones, pago de honorarios del abogado, gastos de la casa, renta y un asunto judicial interminable porque las leyes la protegen a ella, por encima de la menor “a ella le creen todo lo que diga, las leyes la protegen mucho”.
Desde hace tres años se dictó la custodia a favor de Noé “y desde entonces ella no ha dado ni un solo peso de pensión alimenticia, y sí presentó una denuncia penal por el pago de pensiones alimentarias caídas o vencidas. Ahí es la injusticia de las leyes, que si yo hubiera sido el que incurre en no pagar esas pensiones ya estuviera detenido”, dice Noé con lamentación.
“Me tiene demandado penalmente y el juez penal resolvió que sí hay un monto adeudado de pensiones que dan una cantidad arriba de 200 mil pesos, pero esa cantidad corresponde a los pagos de hipoteca de la casa, la cual la señora disfruta hasta el día de hoy, y en algún tiempo metió a su pareja sentimental a vivir con ella en la casa que yo compré cinco años de mi matrimonio. El argumento del juez es que son pensiones no pagadas a la menor, más no a la depositaria, pero ella apeló la resolución y estamos en espera de una nueva”, explicó el hombre.
La niña cumplió 16 años apenas el miércoles y su madre no le regaló nada, ni una visita, ni un mensaje. Durante los tres años que Noé tiene legalmente la custodia, porque antes de eso ya vivía con él, pero no por autorización del juez, la mujer ha visitado cerca de seis veces a la niña, un promedio de tres veces por año, pero en lo que va de 2023, no ha sido ni una ocasión.
La menor no tiene apego, no quiere a su madre, no quiere salir con ella, no la visita, en los temas de convivencia evita el contacto. Ya no la llama a convivios de 10 de mayo porque nunca iba, fechas importantes del año no hay convivencia.
Hoy, la preocupación de Noé es que el tema penal avance, y se pregunta ¿qué va a ser de su hija si él va a la cárcel? Piensa en si la mujer ha pensado qué va a hacer con la menor, pues obviamente sería la responsable, cuando ha demostrado que no puede con eso.
El hombre cuenta que durante los procesos penales, la enviaron al psicólogo y resultó que ella sufre depresión postparto hasta la fecha, y al recordar considera que todo encuadra, pues ella vivía en competencia con la menor, cual si fuera su hermana y no su hija. Impedía que le compraran ropa cara, o aditamentos, pues decía que no los necesitaba y que mejor se los regalara a ella.
“Mi inconformidad es que si yo hubiera sido el que está en ese lugar, ya estuviera encerrado y al día de hoy a ella no le han podido descontar ni una parte de su salario, primero porque ella como recepcionista del Hospital Civil, recibe el documento y lo envía incompleto, sin los datos de estado de cuenta. De nuevo se hace la contestación, lo que ella hace es retrasar el proceso porque es la que recibe los oficios. Y pido la devolución de la casa y no está el anexo del convenio en el que se asienta el desglose. Su abogado fue Gil Borja, le amarró desde el inicio todo, lo hizo de tal manera que si yo firmaba las hojas si quitaba una no pasaba nada”, comenta.
Para el pago de pensión se le dictaminó el 15 por ciento de los 5 mil 300 que supuestamente gana como recepcionista y no lo ha podido pagar. “Ya llevamos tres años y no hay depósito de pensión. Metió facturas de pago de Mc Donal, de Soriana, y ella las mete como si se las hubiera dado a su hija, y hubo meses que hasta suma 2 mil pesos de comprobaciones, y lo mismo ella puede meter facturas de lo que quiera y el juez todo le cree”.
En las audiencias son cinco abogados contra mi defensor “y todos con una actitud de que yo soy el malo de la película. Ella hace violencia vicaria, con su hija no le da lo que corresponde, nos violenta psicológicamente por cómo la trata y la presión que ejerce conmigo me intranquiliza por lo que vaya a pasar, y si esto termina en cárcel, la niña piensa en qué voy a hacer si mi papá lo detienen. ¿Qué va a hacer? ¿De qué van a vivir? La relación con la niña no es buena, está enferma todavía poque no hay algo lógico que explique que atente con su hija”.
Noé sólo esperar que esta pesadilla termine y poder vivir en paz con su hija que cada día se da cuenta de cómo son las cosas y le ha expresado su intranquilidad por lo que pase con su libertad, “por causa de su mamá”.
¿Qué dice el Código Penal?
En el Código Penal para el Estado de Hidalgo, en el título octavo de los delitos contra el derecho de los integrantes de la familia a vivir una vida libre de violencia, señala que la pena va de los tres a los cinco años de cárcel con una multa de hasta 400 salarios mínimos.
“Al que incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos, se le impondrá prisión y multa de 100 a 400 días, además suspensión o pérdida de los derechos de familia en relación con el ofendido”.
El delito se comete cuando el o los acreedores alimentarios quedan al cuidado o reciben ayuda de un tercero, también puede hacerse si los integrantes de la familia nunca han reclamado el pago de los alimentos en la vía familiar, o incumplan algún acuerdo legal prestablecido de manutención.
El artículo 230 Bis, considera agravantes como que el deudor con el propósito de evadir la obligación alimentaria que la ley determina, renuncie a su empleo o ejecute actos para perderlo, reduzca sus ingresos, simule deudas o realice cualquier acto que lo coloque en estado de insolvencia.
Incumplimiento de obligaciones alimentarias
De enero a mayo de 2023, en Hidalgo se han iniciado 352 carpetas de investigación relacionas con el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, de las cuales 62 iniciaron en enero, 66 en febrero, 83 en marzo, 64 en abril y 77 en mayo.
La pensión alimenticia es el derecho que brinda la ley a los hijos, en caso de separación o divorcio de los padres. Los hijos reciben recursos económicos necesarios para: alimentos, ropa, calzado, medicinas, esparcimiento, educación y útiles escolares.
sjl