El fútbol es celebración, es color, es pasión, es fiesta. Cuando llega un evento deportivo como el Fan Fest, las ciudades se transforman, las calles se cierran, los espacios públicos se apropian para la diversión de millones y los aficionados festejan, pero ¿a qué precio y a costa de quién?
En Guadalajara, durante un evento deportivo, las autoridades decidieron cerrar y bloquear con tapiales el acceso al estacionamiento y elevador de un edificio en el centro. Parecería una decisión menor: reorganizar tráfico, crear espacios seguros para los festejos, pero para una persona que vive y trabaja en ese edificio usando silla de ruedas para movilizarse, no fue una decisión menor. Fue una exclusión y franca violación a sus derechos.
Esto es lo que no se quiere entender sobre el derecho a la accesibilidad: no es un capricho o un lujo, sino la diferencia entre poder vivir, trabajar y hasta quedarse sin ingresos, entre tener autonomía y ser dependiente, cuando se bloquea el acceso a una persona con discapacidad, no solo la discriminas, sino que la condenas. La Constitución establece que todas las personas tienen derecho a la igualdad, a acceder a espacios públicos, trabajar y en resumen: a vivir con dignidad.
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Ante ello, un Tribunal Colegiado en Jalisco concedió la suspensión provisional para reconocer que esa persona tenía derecho a acceder a su casa, a su negocio, a su vida, es decir, que no podía ser sacrificada en el altar del entretenimiento público y que la fiesta de unos no puede ser la prisión de otros.
Sin embargo, se tuvo que recurrir a un juicio de amparo y luego a la queja para llegar a esa paralización momentánea del cierre de acceso reclamado, y mientras, ante una falta de sensibilidad y simple lógica el daño hacia una persona que pertenece a uno de los grupos más vulnerables en el país ya se estaba perpetrando; lo que refleja una falta de conocimiento más básico sobre el respeto hacia los derechos humanos de las personas por parte de las autoridades y se advierte preocupante.
El derecho de accesibilidad también es un derecho humano reconocido internacionalmente. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que México ratificó, establece claramente: los estados deben garantizar acceso a espacios públicos, a servicios, a la vida comunitaria sin discriminación y no marca excepciones por eventos especiales.
Pero cuando las autoridades cierran accesos sin alternativa, sin consulta, ni consideración alguna por las personas con discapacidad, violan esa convención y la Constitución, porque no consideran que hay personas con discapacidad, adultos mayores, infantes, adolescentes y personas en general que necesitan acceso especial. Simplemente cierran, bloquean, reorganizan y después sorprende que haya violación de derechos.
La fiesta futbolera puede unir a las personas, apoyar en la economía y crear momentos memorables, pero no puede ser a costa de excluir a otros ni sacrificar los derechos de las minorías porque no existe una razón válida para violar la Constitución.
Por eso el llamado es claro a todas las autoridades, a todos los responsables de eventos públicos, a toda la ciudadanía: preservemos el respeto hacia los derechos de todas las personas. Porque cuando se organiza una fiesta, se cierran calles, bloquean espacios, etcétera, estamos tomando decisiones que afectan a otros. Basemos nuestras decisiones desde cualquier ámbito, en el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas que nos rodean, porque la accesibilidad es un derecho que implica dignidad. Es la diferencia entre poder vivir y quedar excluido. Y en un país que se dice respetuoso de derechos humanos, eso no puede ser negociable.
Violeta Sosa Zamora, columnista de LSR Hidalgo.