La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una nueva reforma electoral que, antes de llegar al pleno del Congreso de la Unión, ya divide al país. No es una iniciativa menor: toca la arquitectura del poder legislativo, redefine la representación proporcional y reabre el viejo debate sobre el costo de la democracia. Sus defensores la venden como una reivindicación del voto directo; sus críticos advierten que podría debilitar los contrapesos. Y en esa tensión se mueve una propuesta que, más allá de los números, tiene profundas implicaciones políticas.
Uno de los puntos centrales es la eliminación de las listas plurinominales tradicionales, bajo el argumento de que todos los legisladores deben “ganarse” el cargo en territorio. La Cámara de Diputados mantendría sus 500 integrantes —300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional—, pero con un rediseño relevante: la mitad de esos 200 espacios serían ocupados por los llamados “primeros perdedores” en los distritos electorales, es decir, candidatos que compitieron directamente y no ganaron. La otra mitad surgiría de listas, aunque con una modalidad distinta: el ciudadano solo podría votar por dos perfiles (un hombre y una mujer), obligando a los aspirantes a hacer campaña. Además, ocho diputaciones serían para mexicanos en el exterior.
En el discurso oficial, la reforma electoral busca terminar con el estigma del “pluri” que nunca pidió el voto. Se trata de una narrativa poderosa: más territorio, menos escritorio. Pero la representación proporcional no nació como concesión, sino como mecanismo para garantizar pluralidad y evitar mayorías artificiales. Su debilitamiento podría beneficiar a las fuerzas con mayor estructura territorial y recursos, mientras que partidos pequeños o minorías ideológicas podrían ver reducida su presencia. La pregunta de fondo es si el voto directo, por sí mismo, garantiza mejor representación o si también puede distorsionar el equilibrio legislativo.
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El cambio en el Senado es aún más significativo. Se propone reducir su integración de 128 a 96 integrantes, eliminando a los 32 plurinominales y regresando a un modelo similar al previo a la reforma de 1996: dos senadores por mayoría relativa por entidad y uno de primera minoría. Es decir, desaparecería la lista nacional que hoy permite incorporar perfiles sin triunfo en las urnas. Vale recordar que antes de 1996 el Senado era un órgano con menor diversidad y fuerte predominio del partido mayoritario, particularmente en la etapa de hegemonía del PRI. La ampliación a 128 escaños respondió justamente a la necesidad de abrir espacios a la pluralidad política en un país que transitaba hacia la competencia democrática.
A ello se suma el componente económico. La iniciativa plantea reducir el gasto electoral, disminuir el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), ajustar recursos a los organismos electorales locales y reducir el financiamiento de los partidos políticos. También se sugiere equiparar los sueldos de diputados locales y disminuir el gasto del Senado. En un contexto donde la austeridad es un mensaje político recurrente, estos puntos pueden conectar con el ánimo ciudadano; sin embargo, el ahorro presupuestal no puede analizarse aislado: la fortaleza técnica y operativa del sistema electoral ha sido una pieza clave en la estabilidad democrática de las últimas décadas.
La iniciativa, en suma, no es técnica sino profundamente política. Redefine cómo se construye la representación y qué tanto peso tienen las minorías en el Congreso. Para unos, es un paso hacia la legitimidad directa; para otros, un riesgo de concentración de poder bajo el argumento del voto popular. Lo cierto es que el debate apenas comienza y será inevitablemente polarizante.
Miguel Ángel Islas Pérez, director y columnista de LSR Hidalgo. X: @miguel_aip