En un movimiento que sacude las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, la administración estadounidense ha anunciado su intención de designar a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas. Esta decisión, lejos de ser un simple ajuste en la política de seguridad, representa un golpe directo a la soberanía mexicana y pone en la mesa un tema de alto riesgo: la intervención de Estados Unidos en territorio mexicano bajo el pretexto de la lucha contra el narcoterrorismo.
Desde la perspectiva estadounidense, la designación de los cárteles como grupos terroristas permitiría el uso de herramientas más agresivas para combatirlos. Congelación de activos, restricciones financieras y el uso del Ejército estadounidense en operativos contra estas organizaciones son algunas de las consecuencias inmediatas. Bajo este esquema, Washington podría justificar operaciones militares directas en México con el argumento de la seguridad nacional, tal como lo ha hecho en otros países con grupos considerados terroristas.
Para algunos sectores en México, esto podría representar una oportunidad para recibir mayor apoyo logístico y tecnológico en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, el costo de este supuesto beneficio es altísimo y, de aceptarse, marcaría un precedente peligroso en la relación bilateral.
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La decisión de Washington no es un gesto altruista. La historia ha demostrado que cuando Estados Unidos etiqueta a una organización como terrorista, es el primer paso hacia una intervención militar o hacia la imposición de medidas unilaterales que limitan la capacidad de acción del país afectado. En el caso de México, esto podría traducirse en operativos encubiertos, ataques con drones y una presión política sin precedentes.
Además, este anuncio se produce en un contexto político en el que Estados Unidos busca endurecer su postura migratoria y reforzar su narrativa de seguridad. La criminalización de los cárteles como terroristas no solo endurecerá las políticas migratorias, sino que también podría utilizarse como argumento para presionar a México a reforzar su frontera sur y asumir un rol más agresivo en la detención de migrantes.
Estados Unidos ha sido históricamente un actor clave en el fortalecimiento del narcotráfico en México, ya sea a través del tráfico de armas que terminan en manos de los cárteles o con la demanda constante de drogas en su propio territorio. Si de verdad quisieran erradicar este problema, podrían comenzar por controlar el flujo de armas hacia México y regular su consumo interno de drogas, pero en lugar de ello, optan por una estrategia que les otorga mayor control sobre la política mexicana.
No es la primera vez que Estados Unidos utiliza la etiqueta de terrorismo para intervenir en asuntos de otros países. Afganistán, Irak, Libia y Siria son solo algunos ejemplos donde esta estrategia sirvió de pretexto para intervenciones militares con resultados devastadores. Permitir que lo mismo ocurra en México sería un error histórico.
El gobierno mexicano debe responder con firmeza, dejando claro que la lucha contra el crimen organizado es una tarea que corresponde a México y no a una potencia extranjera. Aceptar esta designación sentaría un peligroso precedente en el que Washington podría decidir cuándo y cómo intervenir en nuestro país, debilitando la soberanía nacional.
La solución al problema del narcotráfico no está en la militarización ni en la imposición de etiquetas que justifiquen futuras intervenciones. Se requiere una estrategia integral que aborde la corrupción, el desarrollo económico y la cooperación internacional en igualdad de condiciones. La soberanía de México no está en venta, y es responsabilidad de todos los actores políticos y sociales defenderla frente a cualquier amenaza, venga de donde venga.
#CuartoDeGuerra | José Luis Lima González, columnista de LSR Hidalgo. X: @pplimaa