El caso de Marianne Gonzaga ha encendido un debate que va mucho más allá del sistema de justicia para adolescentes en México. Con apenas 17 años, la influencer ha sido vinculada a proceso por apuñalar a Valentina Gilabert, pero las redes sociales ya han emitido su propio veredicto. Mientras unos la defienden como una joven impulsiva que cometió un error, otros exigen una sanción más severa, argumentando que la gravedad del delito no puede ser minimizada por su edad.
Este caso pone sobre la mesa una realidad incómoda: los delitos ya no se litigan únicamente en los tribunales, sino en la opinión pública digital. Twitter, TikTok e Instagram se han convertido en jueces y jurados paralelos, donde las narrativas se moldean según las simpatías del momento. En el caso de Gonzaga, la influencia de su imagen pública ha provocado que algunos intenten justificar su conducta, mientras que en otros casos, como el de Rodolfo "Fofo" Márquez, la presión social llevó a una condena de 17 años de prisión por intento de feminicidio.
El problema radica en la inconsistencia con la que se manejan estos casos. Si bien la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes prioriza la reinserción social, es inevitable preguntarse: ¿acaso una tentativa de homicidio, disfrazada de "lesiones dolosas", no amerita un castigo más ejemplar? ¿Debe el sistema de justicia tratar con suavidad a un menor que ha cometido un crimen tan violento como un adulto? Si bien la edad es un factor relevante, no puede ser el único criterio para determinar la sanción de un acto tan brutal.
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El sistema de justicia juvenil fue diseñado para evitar que jóvenes con delitos menores sean arrojados a cárceles donde su reinserción sería prácticamente imposible. Sin embargo, cuando se trata de crímenes que ponen en peligro la vida de una persona, es momento de replantear los límites de esta protección. La ley mexicana permite sanciones de hasta cinco años de prisión para adolescentes que cometen delitos graves, pero la pregunta es si esto es suficiente en casos como el de Gonzaga, donde la premeditación y la violencia fueron evidentes.
El peligro de que las redes sociales dicten sentencias es que pueden generar una narrativa conveniente para el acusado, especialmente cuando este goza de popularidad. Un crimen que en otras circunstancias sería castigado con dureza, puede ser suavizado por una estrategia mediática bien dirigida. La justicia no puede ceder ante la presión digital ni puede ignorar la gravedad de un delito solo porque el perpetrador es menor de edad. En mi opinión, los jueces deben abordar estos casos con absoluta seriedad, ciñéndose a la naturaleza del delito y no a la presión social. No se trata de emitir juicios personales, sino de confiar en que el sistema legal cumpla su función de manera imparcial y justa.
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Además, este caso también nos obliga a reflexionar sobre la educación emocional y la responsabilidad social que estamos inculcando en las nuevas generaciones. ¿Estamos normalizando la violencia impulsiva en los jóvenes? ¿Qué papel juegan los valores, la familia y la comunidad en la formación de ciudadanos responsables? Es necesario abordar estos temas desde la raíz para evitar que tragedias como esta se repitan en el futuro. No podemos permitir que la justicia falle, porque cuando eso sucede, la sociedad entera es quien paga las consecuencias.
#CuartoDeGuerra | José Luis Lima González, columnista de LSR Hidalgo. X: @pplimaa