Pachuca.- Este martes, integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) se manifestaron en las inmediaciones del Congreso de Hidalgo con el objetivo de denunciar el despojo de tierras ejidales por una asociación denominada Pequeños propietarios en defensa de las tierras de Azoyatla; además, acusaron agresiones, deforestación y asentamientos irregulares.
Hace casi un año, pobladores de Azoyatla, una localidad ubicada en Mineral de la Reforma, notaron la presencia de asentamientos irregulares en predios ejidales de la zona, estás personas invaden, lotifican y venden propiedades de las que no tienen ningún derecho, así lo dijo la lideresa de la UNTA en Hidalgo, Martha López Ríos.
Por lo anterior, la población afectada se unió en defensa de sus terrenos ante el despojo; uno de los afectados fue Omar Cervantes Reyes, quien mencionó a LSR Hidalgo que tienen 13 carpetas de investigación por despojo y otras más por lesiones en contra de los defensores y de personal de la Procuraduría Agraria, además señaló Jesús Oropeza como líder de dicho movimiento de invasores.
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"Jesús Oropesa es representante de un grupo de que se hace llamar Pequeños Propietarios en Defensa de la Tierra de Azoyatla, es gente que ha traído del Estado de México, gente de El Velillo, de donde es él, es la comunidad colindante con nosotros (Azoyatla). Él tiene a lo mejor 20 personas que son su familia, que sí son de ahí. Los demás todos son grupos que han acarreado, grupos que han convocado para hacerles este el ofrecimiento de algún lote", contó Cervantes.
Explicó que la asociación regala o vende predios -de entre 40 o 50 mil pesos- en Azoyatla con la promesa de regularizarlos, sin embargo, estos polígonos ya tienen dueños.
Al menos 17 personas fueron invadidas por dicha agrupación, lo cual sumó alrededor de 247 hectáreas en Azoyatla, "más todos los demás son como 600 hectáreas que él ha invadido", refirió, pues está población no es la única afectada por el despojo de bienes "sistemático" de Jesús Oropeza.
"De hecho, trae por ahí una idea de mil 97 hectáreas que él cree que son de ellos, que él dice que son de ellos. Con esa navega", explicó.
El presunto despojador acudió al Registro Agrario Nacional (RAN) y solicitó certificados de las propiedades, "pero que no traen ningún nombre de él, que no es propietario de nada, no demuestra ningún derecho", acusó Omar Cervantes y detalló que la asociación Pequeños propietarios en defensa de las tierras de Azoyatla iniciaron procedimientos para quedarse con los terrenos ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pero esta les negó los trámites al no tener derecho.
Por lo anterior, decidieron invadir en septiembre del 2024, cuando tomaron más de 100 hectáreas, pero se expandieron a casi 250 hectáreas del ejido de Azoyatla, al cual pertenecen 110 familias.
"Después de que todas las autoridades habían dicho que no nos correspondía ningún derecho, nos invaden, nos invaden yo creo como unas 100 hectáreas y entran hace un año en septiembre con aproximadamente 200 personas, violentan a los compañeros, a mí me golpean, a los compañeros que están aquí los golpean, nos despojan de esa superficie y así están los asentamientos, por ahí mostrábamos unas fotos, son así de chocitas pues de paracaidismo, llegan con madera usada, reutilizada, láminas viejas y empiezan a posesionar y a regalar y a vender las fracciones de que nos corresponde", narró Omar los despojos.
Las últimas agresiones
El pasado 5 de agosto, personal de la Procuraduría Agraria y afectados ingresaron a los predios a levantar el peritaje y mediciones, los invasores aceptaron la entrada, pero cuando ya estaban en el lugar tanto las autoridades como los ejidatarios fueron golpeados y violentados por los integrantes de Pequeños propietarios en defensa de las tierras de Azoyatla.
"Ellos nos esperaban, nos golpean y dañan algunas patrullas que llevaba los peritos, golpean a la gente, golpean algunos vecinos de ahí también", expuso y refirió que por ello iniciaron carpetas de investigación.
Además, en días pasados también acusaron el secuestro de un poblador, quien presuntamente estuvo cuatro horas privado de la libertad por dicha agrupación. El hombre fue violentado y cuando lo rescataron fue llevado al hospital, dónde aún se encuentra, de acuerdo con lo expuesto en la manifestación.
"... estamos esperando de la recuperación para integrar la carpeta de investigación. Él lo señala (a Jesús Oropeza) directamente".
Manifestación, señalamientos y solicitudes de ayuda
Alrededor de las 10:00 de la mañana, comenzaron los recorridos por parte de los campesinos afines a la UNTA, su primera parada fue en la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH), en donde señalaron al subprocurador Irám González Pérez de favorecer a los invasores en el caso mencionado por interés político y personal, sin embargo, no detallaron dichas acusaciones.
Unos minutos después, los inconformes se trasladaron al Congreso del estado, donde expusieron sus demandas ante el despojo de terrenos comunales de Azoyatla con el propósito de fraccionarlas y generar asentamientos humanos, esto es una zona considerada como boscosa y de preservación de flora y fauna.
Acusaciones
Los manifestantes señalaron a la PGJEH de omisión, pues no han podido integrar las carpetas de investigación de los hechos sucedidos hace un año "lo cual ha provocado que los probables imputados continúen con la con la ocupación de la superficie despojada".
Agregaron que la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) ha sido omisa en realizar las acciones pertinentes para prevenir y sancionar las actividades que están dañando la flora y la fauna silvestre del lugar referido; y expusieron la no interferencia de la Secretaría de Gobierno estatal en el conflicto social, lo que, aseguraron, genera falta de gobernabilidad.
Por lo mencionado, pidieron la intervención del Poder Legislativo para exhortar a las autoridades referidas a restaurar el orden en Azoyatla y desahogar los procedimientos administrativos y penales en contra de los probables responsables. Así como llamarles a comparecer sobre su actuar en dicho tema.
"...pues resulta inconcebible que después de todo el daño que han causado continúen ocasionando daños de forma sistemática sin ninguna consecuencia jurídica que sancione su actual", leyeron los manifestantes.
Segunda petición: que las autoridades estatales y federales en el ámbito de sus competencias garanticen la legalidad, el orden público y el respeto a los derechos humanos.
Tercera: la atención de problemáticas que afectan la gobernabilidad y la paz social en el territorio estatal. Cuarta: el avance de las investigaciones correspondientes en las diversas carpetas de investigación en contra de los probables responsables.
Quinta: la implementación de acciones en materia ambiental para evitar que se siga perpetrando el "ecocidio ecológico" (sic) en la zona territorial mencionada.
Sexta: garantizar la tutela efectiva de los derechos de las personas involucradas, la paz social y la gobernabilidad en la zona territorial afectada y en todo el territorio hidalguense.
sjl