Pachuca.— Alexander Peñafiel Álvarez y Alfonso Rico Morales, titulares de las direcciones de Reglamentos y Protección Civil de Pachuca, así como ocho policías municipales, libraron el proceso judicial que se inició en su contra por el delito de abuso de autoridad que denunció la ciudadana Martha Posadas Manzano y su esposo Rubén Plaza González, golpeados el 14 de febrero de 2022 afuera de su centro terapéutico situado en la colonia Punta Azul, luego de negarse a la clausura de su negocio.
La denuncia contra los funcionarios fue interpuesta por el matrimonio dos días después de los agravios, un año posterior se judicializó la carpeta de investigación y el pasado miércoles 14 de junio -tras aplazar en tres ocasiones la audiencia inicial- los once funcionarios de la alcaldía se presentaron a los Juzgados Penales de Control de Pachuca.
Dentro de la causa penal 211/2023, el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) les imputó el delito de abuso de autoridad y como pruebas enunció los testimonios de dos terapeutas de la clínica que presenciaron los hechos del 14 de febrero de 2022, así como los registros de llamadas que se hicieron al C5i para solicitar auxilio policial.
Te podría interesar
Al igual que videos que exhiben como la víctima de nombre Martha está tirada en el suelo con una “llave de sumisión” que le aplicaron tres policías mujeres, además de los certificados médicos que demuestran sus lesiones físicas y dictámenes en psicología.
Con lo anterior y otros datos de prueba, el Ministerio Público argumentó que los directores de Reglamentos y Protección Civil, así como el notificador Aron Alejandro Vázquez, estaban obligados a proporcionar un buen trato y diligente, situación que no realizaron cuando se presentaron a la clínica del matrimonio.
El conflicto se originó luego de que, durante la inspección, los funcionarios se percataron que el negocio carecía de licencia de funcionamiento, Martha les explicó que el documento estaba en trámite, pero aun así se ordenó la clausura que después desencadenó los golpes de los policías hacia la mujer de 58 años de edad.
Al respecto, el Ministerio Público refirió que los funcionarios debieron otorgar un plazo de cinco días a la dueña para hacer adecuaciones, presentar el documento y no hacer la clausura inmediata.
Sobre las y los policías, indicó que no siguieron los principios de proporcionalidad porque golpearon y sometieron a Martha, mientras que otros elementos de seguridad no participaron, pero fueron omisos en no detener los actos de violencia.
La asesora jurídica de las víctimas, Sonia Gutiérrez Ríos pidió durante la audiencia que también se considerara el delito de lesiones, pues agregó que su representada Martha tiene secuelas en la mandíbula por el golpe que recibió en la cara cuando fue sometida al piso.
Por su parte, los defensores de los acusados argumentaron que fue el matrimonio quien presuntamente agredió a los elementos de seguridad y que las policías no realizaron una llave de sometimiento, sino que Martha “se dejó caer”.
También dijeron que los funcionarios acudieron a revisar la clínica luego de tres denuncias ciudadanas vía telefónica y una presencial, de vecinos que se quejaron porque el centro terapéutico estaba en una zona habitacional y que, al abrir el zaguán, obstruía la banqueta.
La audiencia concluyó con un auto de no vinculación a proceso para ninguna de las once personas señaladas como presuntas responsables de abuso de autoridad; sin embargo, Martha Posadas informó que, en conjunto con su asesora jurídica, apelaría la resolución emitida por la autoridad judicial.
sjl