PACHUCA.– Los policías de Pachuca, que el 14 de febrero de 2022 golpearon a la terapeuta Martha Posadas y a su esposo Rubén Plaza, continúan en trabajando en la administración pública municipal, a pesar de que el alcalde Sergio Baños Rubio informó que, derivado de los hechos, los elementos de seguridad “habían quedado suspendido de sus funciones”.
De acuerdo con Hugo Armando Vázquez Reséndiz, coordinador general jurídico del municipio de Pachuca, los policías siguen laborando porque no hay una resolución definitiva del caso y les asiste el derecho de presunción de inocencia, también argumentó que separarlos de su cargo constituiría una vulneración a sus derechos laborales.
No obstante, puntualizó que hay procesos administrativos para determinar su responsabilidad, algunos están en la Contraloría Municipal y otros en la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública.
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“Ellos en su momento fueron reasignados a otras funciones porque el principio de presunción de inocencia no nada más opera en materia penal, también en materia de responsabilidades administrativas y el suspenderlos o inhabilitarlos también estaríamos vulnerando sus derechos y garantías individuales”, refirió Vázquez Reséndiz quien representa a siete de los once imputados por este caso.
Sin embargo, la terapeuta Martha Posadas, de 57 años, quien hace un año fue golpeada por los agentes de seguridad y que derivado de esas agresiones tiene secuelas en las cervicales, columna, cadera y la mandíbula desviada, consideró como una “burla” que los policías sigan en activo, especialmente porque el alcalde le informó lo contrario.
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“Moralmente estoy decepcionada y lastimada psicológicamente (…) Yo veo muy mal que siguen laborando en el ayuntamiento, es como burla para mí. Me dijo el señor (Sergio) Baños que iban a dejar de trabajar, pero me entero que siguen laborando normal”.
Lo anterior se dio a conocer tras la audiencia que se llevó a cabo la tarde de este miércoles en los Juzgados Penales de Control, Juicio Oral y Ejecución del Primer Circuito Judicial de Pachuca, lugar al que se presentaron los policías municipales involucrados, así como Alexander Peñafiel Álvarez y Alfonso Rico Morales, directores de Reglamentos y Protección Civil, respectivamente.
El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) busca imputarles el delito de abuso de autoridad a 11 funcionarios por los hechos que ocurrieron el 14 de febrero del año pasado.
En aquella fecha los servidores públicos realizaron una inspección al negocio de Martha y Rubén sin previa notificación y les informaron que suspenderían la operación de su clínica porque no tenían una licencia de funcionamiento vigente.
El matrimonio de 57 y 62 años, respectivamente, explicaron que su documento había vencido pero que ya estaba en trámite de renovación, así es que se negaron a firmar el papeleo de la clausura y fue después cuando los policías llegaron, los golpearon y trasladaron a barandilla.
Difieren audiencia
A más de un año de los hechos, la carpeta de investigación fue judicializada y el caso llegó a los juzgados; sin embargo, la audiencia inicial de la causa penal 211/2023 fue diferida para el próximo 24 de mayo.
Lo anterior, debido a que 4 de los 11 funcionarios contrataron nuevos abogados, quienes no conocían el contenido de la carpeta de investigación, así es que el juez fijó una nueva fecha para que en lograran una defensa técnica y adecuada.
No obstante, el juzgador advirtió que si en el mes de mayo volvían a cambiar de defensores ya no ocurriría lo mismo y solo decretaría un receso en atención al derecho que tienen las víctimas Martha y Rubén a una justicia pronta y expedita.
Mientras que Sonia Gutiérrez, asesora jurídica de las víctimas, refirió que, aunque el caso tiene un año de que ocurrió, este tiempo ha permitido la compilación de los datos de prueba entre ellos dictámenes médicos y placas radiológicas que acreditan las afectaciones físicas de Martha.
“Los videos dicen más que 100 testigos (…) recordemos que a la contadora Martha la tiran a la banqueta y con posterioridad ella les dice que no puede respirar, es una mujer de la tercera edad, no pueden tratarla así, además de que fueron privados de su libertad porque sin razón alguna los detiene, esposan y trasladan a la barandilla”.
Finalmente, la abogada explicó que, aunque hay salidas alternas anticipadas que marca el Código Nacional de Procedimiento Penales, por el momento no pretenden dinero o una reparación del daño, sino que se haga justicia.
sjl