Pachuca.— Hace 15 meses el matrimonio conformado por Martha Posadas y Rubén Plaza fueron golpeados por policías adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca. Por estos hechos, la carpeta de investigación fue judicializada en abril de 2023, pero las víctimas deberán esperar hasta la segunda semana de junio para saber si los 11 servidores públicos involucrados serán o no vinculados a proceso.
El caso del matrimonio de 57 y 62 años de edad, respectivamente, se volvió viral en redes sociales debido a videos que fueron publicados el 14 de febrero de 2022, fecha en la que los funcionarios municipales realizaron una inspección a una clínica de medicina alternativa propiedad de Martha y Rubén. El negocio fue clausurado, la pareja se negó a firmar el papeleo de la diligencia y, en consecuencia, los policías los golpearon y llevaron a barandilla.
A raíz de los hechos, los afectados iniciaron una carpeta de investigación por abuso de autoridad, el caso ya llegó a los Juzgados Penales de Control, Juicio Oral y Ejecución del Primer Circuito Judicial de Pachuca, pero la audiencia de la causa penal 211/2023 ya fue aplazada en dos ocasiones, la más reciente ocurrió este 24 de mayo y se re programó para dentro de un mes.
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Mientras que el primer diferimiento sucedió el 19 de abril, en aquella ocasión se presentaron a la sala 4 de los juzgados los funcionarios Alexander Peñafiel Álvarez y Alfonso Rico Morales, directores de Reglamentos y Protección Civil, respectivamente. También acudieron los policías que golpearon a los adultos mayores.
Sin embargo, esa audiencia no se llevó a cabo debido a que 4 de las 11 personas habían contratado a defensores particulares que no conocían del contenido de la carpeta de investigación; en consecuencia, el juez de control otorgó tiempo para el estudio de los datos y fijó fecha para este 24 de mayo, pero tampoco se llevó a cabo debido a instrucciones del juzgado.
Cabe recordar que, con anterioridad, el juez de control José Daniel Montaño Olvera advirtió que durante mayo ya no aceptaría aplazamientos debido a que las víctimas tenían derecho a una justicia pronta y expedita.
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