PACHUCA. – Durante 2023, cuatro funcionarios públicos que laboraban en los municipios de Mineral de la Reforma, Pachuca y Tasquillo estarán inhabilitados para ejercer cargos hasta por un año debido a omisiones e incumplimiento de sus obligaciones.
El Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de Contraloría Hidalgo, exhibe que la Contraloría Interna Municipal de Mineral de la Reforma penalizó a Dante Fernando Hernández Martínez.
Del expediente PRA/012/2022 se desprende que la medida de apremio consistió en una inhabilitación del 5 de enero de 2023 al 5 de julio de la misma anualidad, esto debido a que no presentó la declaración patrimonial de conclusión de cargo.
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El mismo motivo enunciado fue el que argumentó la Contraloría de la Reforma para inhabilitar a Oswaldo Luna Gómez, como se estableció en el archivo PRA/013/2022. Dicha penalización comenzó a partir del 6 de enero del año en curso y concluye hasta el 6 de abril de 2023.
La alcaldía de Pachuca, a través de su Contraloría Interna, impuso una sanción similar a Juan Carlos Gómez Arriaga, cuyo cargo era titular del Departamento de Control Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semadesu), como lo muestra el organigrama de la administración 2020-2024.
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En el expediente PRA/02/2022, la dependencia municipal ordenó imposibilitarlo para laborar en la administración pública del 23 de enero al 26 de julio de 2023 ya que omitió declarar sus bienes materiales.
Sin embargo, la razón de los tres funcionarios enunciados no fue la misma que le ocurrió a Emiliano Martín García, quien laboraba en la presidencia municipal de Tasquillo hasta que la Contraloría Interna de aquel ayuntamiento resolvió inhabilitarlo.
Dentro del expediente USR/TAS/007/2022, se asentó que la causa fue un incumplimiento a sus obligaciones como servidor público y aunque no se detalla mayor información, de las cuatro sanciones, es de mayor tiempo ya que no podrá ejercer cargos hasta el 18 de enero del año 2024.
Inhabilitaciones que salieron mal
El 10 de abril de 2021, el gobierno municipal de Pachuca inhabilitó por no haber presentado su declaración patrimonial a cuatro regidores de la Asamblea Municipal: Pablo Vargas González, Carlos Conde Zúñiga, Olivia López Villagrán y Ricardo Crespo Arroyo.
El 7 de abril, los cuatro integrantes del cabildo informaron que habían promovido juicios de inconformidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo contra la Contraloría municipal de Pachuca.
El 18 de agosto de 2022, la regidora Olivia López Villagrán informó que la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa, resolvió el juicio de revisión en el que confirma que la suspensión del cargo fue una sanción indebida.
El 27 de agosto del mismo año, Pablo Vargas anunció que el órgano jurisdiccional falló a su favor y acusó que Sergio Baños hizo un uso político de la Contraloría para deshacerse de la oposición de la Asamblea de Pachuca.
Ricardo Crespo Arroyo y Carlos Conde también fueron ganaron los juicios en contra de la Dirección Jurídica y de la Contraloría Capitalina. Además de retirar la inhabilitación para ostentar cargos públicos, el Tribunal de Justicia Administrativa ordenó el reintegro de salarios a cada uno de los asambleístas.
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