Pachuca.— Le niegan protección de garantías al líder sindical del Ayuntamiento de Pachuca; el juzgado segundo de distrito negó la suspensión definitiva a Percy Leonardo Espinosa Bustamante quien buscaba evitar que le fuera girada una orden de aprehensión, en un primer momento, pero luego intentó ampliar la demanda en contra de un auto de formal prisión.
En el expediente 1748/2023 tramitado ante el juez de distrito en contra de actos del juez penal de Control del Primer Distrito Judicial de Pachuca, el funcionario federal resolvió que no era posible ordenar la protección de garantías.
Y es que en su demanda inicial, Percy Leonardo Espinosa Bustamante, promovió juicio de amparo por el acto consistente en la orden de aprehensión, captura o detención emitida en su contra, y su ejecución, para la cual le fue concedida la suspensión provisional
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Sin embargo, intentó ampliar la demanda de amparo en contra de las constancias que integran la carpeta de investigación con número único de caso 12-2023-04350, por lo que el juez de distrito consideró que no es procedente la ampliación de demanda, en consecuencia niega la suspensión definitiva y ordenó que el nuevo reclamo sea motivo de un nuevo juicio de amparo en el que se analice su constitucionalidad.
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El segundo amparo que promovió Percy Espinosa
El segundo amparo que se abrirá a favor del líder sindical del Ayuntamiento de Pachuca es respecto del acto reclamado consistente en un auto de formal prisión dictado dentro de la investigación.
Lo anterior es así, explica el juzgador federal - porque no podría estudiarse el acto originalmente reclamado sin afectar la nueva situación jurídica del procesado, generada por el inicio de la etapa de instrucción. Conceptos que cabe destacar son del anterior sistema penal, por lo que se presume que es una averiguación previa iniciada este año, pero de hechos que ocurrieron antes de 2016 que ya fue vigente el sistema penal oral.
En días pasados, el líder sindical de Pachuca admitió que interpuso una demanda de amparo para evitar alguna acción penal en su contra.
Explicó que tuvo conocimiento de que la Secretaría de la Contraloría pidió a la contraloría municipal la declaración patrimonial de las personas que integran el comité sindical.
sjl