PACHUCA.- Olivia López Villagrán, regidora independiente de Pachuca, acusó a la Secretaría de la Contraloría y la Dirección Jurídica del municipio de “actos de corrupción y negligencia” al haberla inhabilitado del cargo por un año; dijo que el Tribunal de Justicia Administrativa catalogó la sanción como “indebida”, por lo que deberán pagarle el salario caído durante un año y cuatro meses.
La regidora capitalina informó que la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa, con sede en Hidalgo, el 11 de agosto de 2022 resolvió el juicio de revisión en el que confirma que la suspensión del cargo fue “una sanción indebida”.
A finales de marzo de 2021, López Villagrán junto con los asambleístas Pablo Vargas González (Morena), Ricardo Crespo Arroyo (Independiente) y Carlos Conde Zúñiga (PVEM) fueron inhabilitados por un año con el argumento de no haber presentado su declaración patrimonial.
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El ayuntamiento de Pachuca deberá de reponerle 436 mil 464 pesos, correspondientes a un año y cuatro meses que duró el procedimiento (de abril de 2021 a agosto de 2022), toda vez que, de acuerdo con el tabulador de sueldos y salarios del municipio, un regidor percibe un salario mensual por 27 mil 279 pesos.
Durante la sesión de cabildo de este día, la regidora independiente hizo público el resolutivo del Tribunal de Justicia Administrativa, aunque no dio más detalles, por lo que solicitó se finquen responsabilidades contra los servidores públicos involucrados de la Contraloría y de la Dirección Jurídica.
“La Secretaría de la Contraloría y la Dirección Jurídica de Pachuca maquinaron un procedimiento administrativo para aplicarme una sanción indebida, que hace unos días quedó anulada; fue un recurso frívolo, sabedores de su improcedencia lo que tomó un año cuatro meses, tiempo del que se me deberá pagar el total de mis percepciones”, expresó.
Además, dijo que “resulta irónico” que la Contraloría Municipal haya alargado el juicio (a través de una impugnación), pues el 11 de noviembre del 2021 el Tribunal Administrativo ya había sentenciado que la inhabilitación fue indebida.
“Por la incompetencia de sus áreas, se me pagarán percepciones que no he devengado, que es dinero de los ciudadanos a quienes nos debemos y a quienes tenemos obligación de informar el uso que se da a sus contribuciones”, agregó.
Por lo anterior, pidió se finquen responsabilidades a los servidores públicos involucrados pues aseguró que actuaron “con negligencia y cometieron actos de corrupción”, lo que va en detrimento de la imagen del presidente municipal Sergio Baños Rubio, dijo.
“Debe de tomar en cuenta que, tener gente incompetente y corrupta en su administración que le genere gastos y daños innecesarios a la presidencia, también es un acto de corrupción”, reiteró.
La inhabilitación de la regidora se hizo a través del Procedimiento Administrativo PRA/05/2021; sin embargo, este fue revertido el Tribunal de Justicia Administrativa en el expediente 70/2021.
sjl