Pachuca.— La diputada Tania Eréndira Meza Escorza presentó una iniciativa para adicionar diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Hidalgo, con el objetivo de fortalecer la protección contra la violencia patrimonial que enfrentan dicho sector de la población.
La propuesta busca incorporar mecanismos institucionales de prevención, orientación, asesoría, denuncia y atención frente a abusos económicos, fraudes, manipulación, despojo y aprovechamiento indebido del patrimonio de las personas adultas mayores.
De acuerdo con la exposición de motivos, la intención es garantizar su autonomía, seguridad jurídica y derecho a una vida libre de violencia.
Te podría interesar
En el documento se advierte que el envejecimiento de la población representa uno de los principales retos sociales y demográficos del país. La iniciativa señala que actualmente existen 17.1 millones de personas mayores en México, equivalentes al 12.8 por ciento de la población total, y se prevé que para 2070 este sector represente el 34.2 por ciento de la población nacional.
La legisladora expone que la violencia patrimonial contra personas adultas mayores suele ocurrir dentro del ámbito familiar, donde hijos, hijas o personas cercanas aprovechan situaciones de confianza o vulnerabilidad para apropiarse de viviendas, terrenos, ahorros o pensiones. Entre las prácticas más frecuentes se encuentran firmas forzadas, modificación de testamentos bajo presión, retiro de recursos bancarios sin consentimiento y control indebido de bienes o ingresos.
La iniciativa plantea adicionar el artículo 31 Ter a la legislación estatal para establecer que el Instituto para la Atención de las Personas Adultas Mayores del Estado de Hidalgo implemente, en coordinación con otras autoridades, un Protocolo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Patrimonial.
Dicho mecanismo tendría como finalidad prevenir, detectar, atender y canalizar oportunamente actos de abuso económico, fraude, manipulación, despojo o cualquier conducta que afecte el patrimonio y bienestar de las personas mayores.
Agravantes para el delito de despojo
En la misma sesión, el diputado Miguel Moreno Zamora presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 218 y 219 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, en materia del delito de despojo.
La propuesta plantea modificar el artículo 218 para establecer penas de dos a seis años de prisión y multas de cien a trescientos días para quien incurra en el delito de despojo.
Además, propone agravantes específicas cuando el despojo se cometa con violencia; cuando afecte terrenos de labor destinados a la producción de alimentos o potreros; cuando las víctimas sean personas adultas mayores o con discapacidad; así como cuando la ocupación indebida afecte instalaciones destinadas a prestar servicios públicos.
De acuerdo con el legislador, el objetivo es reconocer que no todas las conductas relacionadas con el despojo tienen el mismo nivel de gravedad, además de fortalecer la protección del Estado hacia personas y sectores en condición de vulnerabilidad.
sjl