Pachuca.— Los diputados José María Alejandro Pérez Ramírez y Jorge Arguelles Salazar, integrantes del Grupo Legislativo de Nueva Alianza Hidalgo, plantearon reformas al artículo 96 Bis de la Ley de Educación del Estado de Hidalgo para incluir expresamente la violencia cibernética como una forma de agresión hacia maestras, maestros y personal educativo.
De acuerdo con la iniciativa, la violencia digital contra docentes se manifiesta mediante insultos, amenazas, difamación, campañas de odio, creación de perfiles falsos, grabaciones sin consentimiento, difusión de memes y manipulación de imágenes, acciones que pueden ocurrir dentro o fuera de las escuelas, pero siempre vinculadas con el ejercicio profesional docente.
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Los legisladores argumentan que este tipo de agresiones ha provocado afectaciones psicológicas y emocionales en el personal educativo, generando estrés, ansiedad, depresión, ausentismo laboral e incluso renuncias. El documento advierte además que algunos casos han derivado en pensamientos suicidas entre víctimas de hostigamiento digital.
En la exposición de motivos señalan que Hidalgo ocupa el tercer lugar nacional en prevalencia de ciberacoso, con 26.2 por ciento de la población usuaria de internet de 12 años y más que reportó haber sufrido este tipo de violencia durante 2024, de acuerdo con datos del Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) del INEGI publicados en julio de 2025.
Entre las conductas identificadas en la iniciativa se encuentran la humillación pública, amenazas físicas o de muerte, campañas masivas de desprestigio, intimidación contra docentes y sus familias, suplantación de identidad, difusión de videos editados fuera de contexto y acusaciones falsas relacionadas con corrupción o acoso.
La reforma propone definir legalmente la violencia cibernética hacia el personal docente como aquella ejercida mediante internet, páginas web, redes sociales, correos electrónicos, mensajes, imágenes, videos o cualquier tecnología digital utilizada para burlarse, humillar, desprestigiar o limitar la labor educativa.
Además, la iniciativa amplía la protección no sólo a docentes, sino también al personal de supervisión, directivo, administrativo y de apoyo a la educación. Los promoventes sostienen que Hidalgo podría convertirse en la primera entidad del país en establecer disposiciones específicas para proteger al magisterio frente a la violencia digital.
El proyecto establece que, en caso de aprobarse, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo contará con un plazo de 180 días naturales para emitir protocolos y medidas destinadas a prevenir, atender y combatir la violencia cibernética en el ámbito escolar.
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