Pachuca.—La colectiva Mercadita Las Insurgentas regresó este fin de semana al espacio público para ofrecer distintos productos y retomar sus actividades, luego de permanecer varios meses alejadas debido a la violencia digital y el hostigamiento del que aseguran haber sido víctimas por visibilizar casos de violencia vicaria en Hidalgo.
En ese contexto, la activista y representante de la colectiva Basta en Hidalgo, Katya Icela Vázquez Peralta, advirtió que la violencia vicaria crece en el estado y acusó omisiones institucionales por parte de autoridades judiciales y ministeriales.
Explicó que el patrón más frecuente en estos casos inicia con antecedentes de violencia familiar, económica, psicológica, sexual y emocional, situación que escala cuando las mujeres deciden salir de la relación o iniciar procesos de divorcio y custodia.
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“Cuando la mujer decide salirse de ese círculo violento es cuando viene la peor y más cruel de las violencias, que es la violencia vicaria”, señaló.
Indicó que una de las principales formas de operar consiste en aprovechar los esquemas de convivencia familiar autorizados por jueces o consejos de familia para sustraer a niñas y niños. Narró que en su caso personal sus hijos fueron llevados a otra ciudad durante una convivencia y desde hace casi seis años desconoce su paradero.
Asimismo, aseguró que existen deficiencias en los consejos de familia y falta de capacitación de jueces y ministerios públicos para identificar y atender correctamente este tipo de violencia, pues muchas denuncias son clasificadas únicamente como violencia familiar.
La activista sostuvo que, aunque la violencia vicaria ya se encuentra tipificada en Hidalgo y a nivel federal como una violencia de género, en la práctica “se ha convertido en letra muerta”.
Detalló que actualmente acompañan entre 30 y 40 casos en Hidalgo, principalmente en municipios como Pachuca, Tizayuca, Ixmiquilpan y Tulancingo, donde - afirmó - se han registrado sustracciones de menores, ocultamiento de niñas y niños e incluso órdenes de aprehensión contra agresores.
También denunció presuntas irregularidades en convivencias supervisadas y acusó que algunos informes emitidos por consejos de familia no reflejan lo ocurrido durante las visitasy esa situación sólo afecta a las madres.
Vázquez Peralta afirmó que la colectiva ya sostuvo reuniones con autoridades judiciales para solicitar capacitación con perspectiva de infancia y género, así como mejores condiciones de atención para mujeres y menores.
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