Pachuca.— La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo se encuentra en la etapa final del proceso de revisión salarial y contractual con los sindicatos académico y administrativo; ya existen acuerdos preliminares que serán sometidos a validación por parte de la base trabajadora en los próximos meses, informó el rector Octavio Castillo Acosta.
Explicó que el proceso de revisión se desarrolla en distintas fases, conforme al nuevo sistema laboral en México. “Tras la elaboración de los pliegos petitorios por parte de los sindicatos, estos fueron presentados ante el Tribunal Laboral del Estado de Hidalgo, lo que dio paso a la etapa de conciliación y negociación entre las representaciones sindicales y la parte patronal”.
Detalló que las negociaciones contemplaron prestaciones administrativas como económicas; entre las administrativas se incluyen beneficios como el pago de incapacidades al cien por ciento, mientras que en el ámbito económico se revisaron conceptos como salario, vales de despensa y aguinaldo.
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Actualmente, dijo, los convenios alcanzados ya fueron presentados ante las autoridades laborales, donde han recibido una validación preliminar; sin embargo, aún faltan dos etapas más: la aprobación por parte de los trabajadores mediante voto directo y una audiencia final ante el juez o jueza laboral.
En este sentido, Castillo Acosta mencionó que, conforme a la reforma laboral publicada en 2019, es obligatorio que toda la base trabajadora conozca los términos del acuerdo y vote para aprobarlo o rechazarlo, por lo que se espera que este proceso concluya en junio, cuando podría celebrarse la audiencia definitiva.
Más de 180 millones de pesos anuales
En cuanto a los incrementos salariales, el rector recordó que la universidad autorizó un aumento general del 4 por ciento para el personal académico, al que se suma un uno por ciento adicional a un programa de recuperación salarial, así como el incremento en un punto porcentual en la aportación institucional al plan de ahorro para el retiro.
El rector indicó que el costo total de estas medidas asciende a más de 180 millones de pesos anuales, considerando salarios, prestaciones y el impacto en obligaciones patronales como las aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Infonavit.
“Las decisiones tomadas buscan mantener el equilibrio entre atender las demandas laborales y garantizar la viabilidad financiera de la universidad a largo plazo. No podemos comprometer el futuro económico de la institución”.
Castillo Acosta señaló que, en caso de que la base trabajadora no apruebe los acuerdos, el proceso tendría que reiniciarse desde la etapa inicial, lo que podría derivar en nuevas negociaciones e incluso en un eventual estallamiento de huelga; en tanto, confirmó que los pagos retroactivos derivados de los incrementos, aplicables desde enero, serán cubiertos en la primera quincena de abril.
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