La sesión en el Congreso de Hidalgo transcurría como cada día, hasta que el procedimiento legislativo se convirtió en un conflicto. La ausencia del acta de la sesión anterior en el orden del día encendió los ánimos y abrió un debate que derivó en protestas, acusaciones de ilegalidad y señalamientos de violencia política de género.
Desde su curul, Marco Antonio Mendoza Bustamante, coordinador de los diputados del PRI, tomó la palabra para exigir una explicación sobre el porqué el acta de la sesión previa, solicitada formalmente, no estaba lista para su lectura ni aprobación. Dicho acto es una costumbre en cada inicio de sesión. Ese documento da fe de lo ocurrido y valida el curso legal de las decisiones.
La exigencia fue directa: ¿por qué no está el acta?, ¿por qué se pretendía diferir su aprobación pese a existir un requerimiento formal? Cuestionó el legislador.
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En el recinto, mientras se desarrollaba la intervención, personal de Servicios Legislativos circulaba entre las filas. “Ya llegaron a pasar el acordeón”, expresó Marco Antonio Mendoza.
El reclamo pronto escaló. Desde la bancada priista se responsabilizó a la presidencia de la mesa directiva por la omisión del procedimiento y se acusó una alteración del proceso legislativo. La crítica no se quedó en lo técnico, se convirtió en posicionamiento político.
Protesta del PRI
El grupo parlamentario del PRI se declaró en protesta pacífica. Marco Antonio Mendoza y la diputada Moncerrat Hernández exigieron respeto a sus derechos y advirtieron que no permitirían que se vulnerara el proceso parlamentario.
En medio de los señalamientos, emergió otro tema: la denuncia de violencia política de género. La referencia apuntaba a lo ocurrido en la sesión anterior, donde un dictamen aprobado en comisiones por unanimidad fue regresado a comisiones, pese a contar con mayoría simple. La repetición del procedimiento fue calificada como ilegal.
A ello se sumó la acusación de que un diputado habría enviado mensajes para influir en el sentido del voto de legisladores de Morena.
Los diputados del PRI exigieron una respuesta inmediata y una ruta para “solventar” lo ocurrido. También, que todo quedara asentado en actas. Lo que no estaba en el orden del día, debía quedar registrado por la vía de los hechos.
La presidencia de la mesa directiva intentó conducir la sesión, pero la presión política crecía. La tensión derivó en un receso.
Aprobación del dictamen
Minutos después, el pleno retomó actividades. El tono había cambiado. Se dio lectura a un comunicado: tras un análisis de la votación del dictamen discutido el 18 de marzo de 2026, se determinó que había sido aprobado con 15 votos a favor y 11 en contra.
El dictamen —relativo a reformas en materia de protección a personas defensoras de derechos humanos y del ejercicio del periodismo, con énfasis en madres y padres buscadores— quedó validado y se instruyó la elaboración del decreto correspondiente.
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