Pachuca.- De cara a la elección local del Poder Judicial del Estado de Hidalgo prevista para el próximo año, las y los jueces y magistrados que decidan no participar en el proceso electoral deberán atender los temas de liquidación o jubilación directamente con el Poder Ejecutivo, a través del Comité de Jubilaciones de la Oficialía Mayor, aun cuando formen parte de la nómina del Poder Judicial, así lo informó Rebeca Aladro Echeverría, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y representante del Poder Judicial de Hidalgo.
La magistrada precisó que desde el ámbito administrativo se realiza un análisis de los escenarios que se deriven del proceso electoral. “Claro que sí, estamos haciendo todo el análisis y el estudio. Nos estamos preparando y tenemos muy presente el calendario de todos los temas que debemos atender previo a la elección”, afirmó.
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Explicó que será una decisión personal de magistradas, magistrados, juezas y jueces el participar o no en la elección, y que para quienes opten por no hacerlo, se les presentará de manera individual la información correspondiente a los derechos que les asistan conforme a la ley.
“Se está preparando todo para poder presentarles a cada uno lo que tengan derecho, y ya será decisión de ellos”, indicó.
Actualmente, el Poder Judicial del Estado está conformado por 18 magistraturas —incluida la presidencia— y 110 jueces, con antigüedades diversas que, en algunos casos, alcanzan hasta 43 años de servicio, antigüedad que corresponde a la propia Aladro Echeverría, quien se reconoció como la decana del pleno del tribunal.
Respecto a posibles jubilaciones, la presidenta del Tribunal precisó que no existe hasta el momento ninguna manifestación oficial, aunque reconoció que el tema es valorado de manera individual por los juzgadores. “Me parece que lo están viendo, lo están pensando, y ya será cuestión de que de manera oficial nos expongan su situación”, comentó.
En cuanto al impacto presupuestal, aclaró que el Poder Judicial no es responsable directo de los trámites ni de la carga financiera que implique la jubilación o liquidación de jueces y magistrados, ya que estos procedimientos corresponden al Ejecutivo estatal.
“Nosotros no hacemos el trámite de jubilaciones. Todo se realiza conforme a las reglas que establece el Ejecutivo y se turna al Comité de Jubilaciones de la Oficialía Mayor”, explicó.
Finalmente, advirtió que los tiempos legales comienzan a correr a partir del mes de marzo, por lo que el tema deberá resolverse en los próximos meses como parte de la transición hacia el proceso electoral del Poder Judicial.
sjl