Pachuca.— A cuatro años de distancia y después de un largo camino marcado por el miedo, la presión institucional y presuntas violaciones a derechos humanos, una familia originaria de Zempoala, Hidalgo, asegura que su única exigencia es recuperar al bebé que le fue retirado a una menor de edad tras dar a luz en un hospital público en 2022.
La madre de la menor, Aurelia Pérez Flores, relata que, a pesar de haber enfrentado amenazas, coacción, intimidaciones y señalamientos por parte de autoridades, su familia ya no busca castigos ni confrontaciones con funcionarios: únicamente quiere que el niño, hoy de casi cuatro años, regrese con su familia biológica.
Los hechos ocurrieron en febrero de 2022, cuando la hija de Aurelia, entonces de 11 años y estudiante de sexto de primaria, fue ingresada de emergencia al Hospital de la Mujer, en Pachuca, tras presentar fuertes contracciones. Fue en ese momento cuando la familia se enteró de que la menor estaba embarazada, producto —según la denuncia— de una violación cometida por un familiar político, quien la habría amenazado para guardar silencio.
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La menor dio a luz el 24 de febrero de ese año a un niño. Sin embargo, tras el parto, personal del hospital, del DIF estatal y de la Procuraduría de Defensa del Menor presuntamente comenzó a presionar a la familia para entregar al recién nacido en adopción, argumentando que era “lo mejor” para la niña.
De acuerdo con el testimonio, nunca se les permitió hablar con la menor antes de tomar decisiones, no contaron con asesoría legal y fueron advertidos de posibles consecuencias legales si se negaban.
“Nos dijeron que si no firmábamos, nos iban a quitar a mi hija y nos podían meter a la cárcel, decían que nosotros éramos responsables de lo que le pasó”, relata Aurelia.
Bajo ese contexto, asegura que firmaron documentos sin conocer su contenido ni las implicaciones legales.
Adopción del bebé
Posteriormente, la familia supo que el bebé fue dado en adopción en abril de 2022, sin que se les notificara formalmente ni se les diera oportunidad de solicitar su custodia o la de algún familiar cercano.
A partir de entonces, la familia inició una lucha legal y social que los llevó a acudir a diversas instancias: Procuraduría, DIF estatal, Centro de Justicia, Comisión de Derechos Humanos, el Congreso local e incluso a participar en marchas, pero nada ha funcionado.
Afirman que, lejos de recibir acompañamiento, enfrentaron nuevas amenazas, incluyendo advertencias de que podrían retirarles la tutela de la menor si insistían en el caso.
La situación tuvo un impacto profundo en la salud emocional de la niña, quien —según su madre— sufrió depresión severa, se autolesionó y atentó contra su vida en dos ocasiones. Actualmente recibe atención psicológica, aunque las secuelas emocionales persisten.
En 2024, el agresor sexual fue detenido y sentenciado a 15 años de prisión por el delito de violación agravada. No obstante, la resolución judicial no derivó en avances para la restitución del menor.
Hoy, la familia insiste en que su exigencia es clara y única: que el niño regrese con ellos. “Ya no queremos castigos, sabemos contra quién nos enfrentamos. Sólo queremos que nos regresen al bebé”, expresa Aurelia.
sjl