Pachuca.— El contralor del estado, Álvaro Bardales, informó este lunes los resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2024 practicada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en los que, aseguró, no se detectaron observaciones graves ni se emitieron pliegos que impliquen responsabilidades resarcitorias o denuncias ante otras autoridades.
Durante la conferencia de prensa, el funcionario precisó que los resultados para Hidalgo se enmarcan en un proceso ordinario de carácter técnico-administrativo y subrayó que, a la fecha, no existen señalamientos que obliguen al inicio de procedimientos por faltas administrativas graves.
721 millones de pesos sujetos a aclaración
De acuerdo con los informes de la ASF, el monto total sujeto a aclaración para Hidalgo asciende a 721 millones de pesos, lo que representa el 1.2 por ciento del total del gasto federalizado auditado en la entidad. Bardales explicó que este porcentaje coloca al estado en un rango medio de cumplimiento a nivel nacional y en una posición de solidez frente a otras entidades con observaciones graves o de carácter resarcitorio.
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Aclaró que la Auditoría no solicitó acciones legales ni el inicio de denuncias; en cambio, instruyó a la Contraloría estatal a realizar investigaciones complementarias en temas específicos, como posibles conflictos de interés, inspecciones físicas de obras públicas y la verificación de que cada ente público atienda en tiempo y forma los requerimientos de información.
Fiscalización digital y “Modelo Colmena”
En el caso de los municipios, el proceso representó un reto adicional. Este año, la ASF aplicó el llamado “modelo colmena”, un esquema de auditoría totalmente digital que duplicó el número de municipios revisados en el país y auditó simultáneamente la totalidad de los fondos federales.
Entre los recursos fiscalizados se encuentran el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), así como otros convenios federales. En muchos casos, fue la primera vez que los ayuntamientos enfrentaron un proceso bajo reglas estrictamente electrónicas.
El origen de las observaciones, explicó Bardales, fue principalmente de forma y relacionado con la carga de datos en las plataformas digitales, no de fondo ni por desvío de recursos. Atribuyó el volumen de observaciones a la implementación del sistema sin la capacitación previa suficiente por parte de la Federación, lo que generó desfases en la información, especialmente en un año de transición municipal, ocho meses bajo una administración y cuatro bajo otra.
Nómina concentra el mayor monto observado
Detalló que del total de 721 millones de pesos observados, 600 millones corresponden al rubro de nómina, particularmente al mecanismo de timbrado y recuperación de comprobantes fiscales del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
El contralor explicó que la solicitud de aclaración se centra en profundizar procesos administrativos vinculados con el estímulo fiscal y la instrumentación de pagos mensuales del ISR, conforme a criterios derivados de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Enfatizó que no se trata de daño patrimonial, sino de documentación soporte que ya se encuentra en proceso de entrega.
Este señalamiento involucró a distintas dependencias estatales, entre ellas la Oficialía Mayor, el Congreso local y la Secretaría de Salud.
Dependencias sin observaciones
Bardales mencionó que la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de Educación no registraron observaciones en el manejo de los recursos auditados.
Aseguró que el estado ya se encuentra en la etapa de solventación y que se está brindando asistencia técnica a municipios y entidades para garantizar una correcta carga de información en las plataformas digitales.
“En los plazos que marca la ley demostraremos que cada peso del presupuesto fue ejercido y vigilado con apego a la norma”, afirmó.
En el comparativo regional, Hidalgo reporta únicamente solicitudes de aclaración administrativa equivalentes al 1.2% del gasto revisado, lo que, según la Contraloría, refleja un uso efectivo de los recursos públicos.
sjl