La disputa por el control de la Cooperativa Cruz Azul, que se ha prolongado por más de cinco años, tuvo ayer un nuevo capítulo con la recuperación física y legal de la planta cementera ubicada en el poblado de Jasso, en el municipio de Tula. A continuación, el recuento cronológico de los hechos, los grupos en pugna y el contexto que desembocó en la intervención de autoridades el día de ayer tras un altercado con uso de armas de fuego.
Antecedentes: investigaciones, denuncias y ruptura interna
El 25 de marzo de 2019, una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que la directiva de la Cooperativa Cruz Azul habría realizado operaciones con empresas fantasma, invertido millones de pesos en paraísos fiscales y desviado recursos sin rendir cuentas a los cooperativistas. A partir de estas revelaciones, el entonces presidente de la cooperativa, Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, fue destituido y comenzaron investigaciones en su contra por presunto lavado de dinero, así como contra otros integrantes de la organización.
Entre las irregularidades señaladas destacaron el presunto robo de cemento para su venta ilegal y el posterior desvío de ganancias a empresas fantasma. Álvarez Cuevas permaneció prófugo durante un periodo y contó con ficha roja de Interpol. Más de diez personas relacionadas con la cooperativa han sido investigadas en procesos penales.
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Posteriormente, en 23 de septiembre de 2020, cooperativistas presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra Pablo Reséndiz por presuntas transferencias indebidas derivadas de la venta ilegal de cemento. Entre el 14 y el 18 de diciembre de 2020, un juez de control giró órdenes de aprehensión contra Federico Sarabia por fraude procesal y fraude genérico, así como contra Joel Vázquez y Pablo Reséndiz, este último por el robo de 10 mil toneladas de cemento.
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En abril de 2022, los cooperativistas votaron por revocar los derechos de Álvarez como integrante y no fue hasta 16 de enero de 2025, fue detenido por la Fiscalía General de la República en el sur de la Ciudad de México.
Bandos en disputa y toma de la planta
Mientras se llevaban a cabo a los procesos judiciales, la cooperativa se dividió en dos grupos. Por un lado, el encabezado por Víctor Manuel Velázquez Rangel, reconocido oficialmente por el gobierno y con control del club Cruz Azul; por el otro, el grupo afín a Billy Álvarez y a Federico Sarabia, que mantuvo el control de la planta de Tula.
Derivado a ello, en septiembre de 2020, Velázquez interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el grupo de Sarabia por presunta venta ilegal de cemento. En abril de 2021 fue ratificado como presidente del Consejo de Administración en asamblea validada por un actuario del Poder Judicial. Contrariamente, la asamblea encabezada por Sarabia fue declarada inválida de manera definitiva el 31 de marzo de 2022.
En abril de 2022, el grupo de Sarabia tomó las instalaciones de la planta en Tula y fue tiempo después cuando la Comisión Federal de Electricidad cortó el suministro eléctrico, lo que detuvo totalmente la producción y generó pérdidas millonarias.
Desde entonces, la planta permanecía sin operar. En abril de 2023, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México emitió sentencia inapelable para desconocer a Sarabia como presidente del Consejo de Administración. En febrero de 2024, el Consejo Superior del Cooperativismo eligió por unanimidad a Velázquez Rangel como dirigente.
Operativo de restitución y situación actual
Tras más de cinco años de conflictos y tres en inactividad dentro de las instalaciones, fue el día de ayer que se ejecutó un operativo de restitución para devolver el inmueble al consejo de administración encabezado por Víctor Manuel Velázquez Rangel. La diligencia inició alrededor de las 4:00 horas y fue encabezada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo y policías municipales.
Unas horas más tarde, autoridades reportaron 33 personas detenidas. De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, 31 fueron arrestadas por hechos que la ley sanciona como desobediencia y resistencia de particulares, y dos por portación de arma de fuego. Durante el operativo, familiares de los detenidos denunciaron inicialmente que estas personas no aparecían, aunque posteriormente se confirmó su situación jurídica.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo permanecerán resguardando la cementera. En un mensaje difundido en redes sociales, Velázquez Rangel calificó la acción como el “éxito de la recuperación” y sostuvo que con ello concluye lo que describió como el “secuestro” de la unidad industrial.
Actualmente, el tema sigue en vivo, y se esperan actualizaciones prontas de la condición de la cementera y del grupo empresarial.
magr