El 18 de enero de 2019 es una fecha marcada como una de las más dolorosas en la historia de Hidalgo y del país. En el ejido de San Primitivo, en el municipio de Tlahuelilpan, se registró la explosión de una toma clandestina ubicada en el kilómetro 226 del oleoducto que transporta hidrocarburos desde el puerto de Tuxpan, Veracruz, hasta la refinería de Tula.
La explosión descontrolada dejó un saldo de 137 personas fallecidas, entre curiosos, habitantes y quienes recolectaban el combustible, 69 murieron en el lugar de los hechos y 68 más perdieron la vida por la gravedad de quemaduras en distintos nosocomios.
De acuerdo con información oficial, la tragedia se originó por la acumulación de hidrocarburo en la superficie, así como por la saturación de vapores inflamables en el ambiente, lo que provocó la detonación.
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¿Cómo va el huachicol a 7 años de la tragedia?
El robo de combustible continúa siendo un tema por atender vigente. El análisis del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM), elaborado con base en información oficial de Petróleos Mexicanos (Pemex), revela que de enero a septiembre de 2025 (último corte) se identificaron en México 7 mil 008 tomas clandestinas en ductos de petrolíferos o hidrocarburos.
En 12 estados del país se registraron aumentos, y uno de los más significativos corresponde a Hidalgo. Durante los primeros nueve meses de 2025, el estado contabilizó mil 918 tomas clandestinas, cinco más que en el mismo periodo del año anterior.
A nivel país, las cifras de IGAVIM indican que entre enero y septiembre se detectó una toma clandestina cada 56 minutos con 15 segundos. En este contexto, el municipio de Tlahuelilpan ocupa el lugar 33 a nivel nacional, con 80 tomas clandestinas identificadas.
El huachicoleo, definido como la extracción, almacenamiento y comercialización ilegal de gasolina, diésel, turbosina, combustóleo y gas LP, es un delito federal, sancionado por la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, al tratarse de bienes propiedad de la nación.
Delito persiste en la entidad
A siete años de los hechos, el gobierno de Hidalgo, encabezado por Julio Menchaca, ha reconocido el esfuerzo conjunto de los tres órdenes de gobierno para contener este delito. Entre las acciones implementadas se encuentra la asignación de aproximadamente 600 elementos militares, así como el aseguramiento de unidades con bidones y predios utilizados para actividades ilícitas.
“Ha sido intensa la contención por parte de gobierno, ha habido detenciones importantes de generadores de violencia y aseguramientos, porque insistimos, se pone en riesgo a las personas. Lo de Tlahuelilpan fue un caso brutal y han seguido perdiendo la vida personas que se dedican a esto”.
El mandatario estatal ha señalado que esta práctica persiste, incluso con la participación de jóvenes, debido a la aparente facilidad para obtener recursos económicos.
“Muy frecuentemente, en la zona de Cuautepec, mandan a enfrentar a mujeres y niños, los usan como escudo y eso ha dificultado la ejecución o cateos que tengan que realizar los cuerpos de seguridad”.
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