Pachuca.— Por presuntamente haber contratado a un familiar cuando fue diputada local, la actual presidenta municipal de Tepeji del Río, Tania Valdez Cuéllar, enfrenta un proceso administrativo ante el Órgano Interno de Control (OIC) del Congreso del Estado de Hidalgo, así lo confirmó el encargado del área, Julio Daniel Reyes Rivero.
Precisó que el caso se encuentra actualmente en el área de investigación, por lo que, aseguró, no es posible adelantar detalles ni emitir conclusiones hasta que se desahoguen los procedimientos correspondientes.
“El asunto está en investigación. No podemos dar ninguna declaración ni avance hasta que se concluyan los procedimientos”, sostuvo el funcionario, al explicar que el órgano interno de control tiene en curso más de 120 investigaciones, muchas de ellas heredadas de legislaturas anteriores, principalmente relacionadas con la omisión en la presentación de declaraciones patrimoniales.
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Reyes Rivero detalló que los procesos administrativos pueden tardar entre seis meses y un año, dependiendo del avance de las indagatorias y de las pruebas que se aporten. Indicó además que, en caso de encontrarse elementos suficientes, los expedientes pueden escalar al Tribunal de Justicia Administrativa o incluso a la Procuraduría, si se advierte la posible comisión de un delito.
¿Actualmente hay nepotismo?
En cuanto a la actual legislatura, el contralor dijo desconocer si existen diputados y diputadas que hayan contratado familiares; sin embargo, de acuerdo con información del personal del propio Congreso local se sabe sobre la posible contratación de familiares por parte de algunos diputados en funciones. Entre ellos se mencionan los nombres de Aldo Meza, Hilda Miranda y Mónica Reyes, quienes presuntamente tendrían a familiares colaborando dentro de sus equipos de trabajo; no obstante, aclaró que ninguno de estos casos se encuentra formalmente en investigación, ya que no se ha presentado una denuncia ante la instancia correspondiente.
“Para que se inicie una investigación debe existir una denuncia formal; cualquier ciudadano puede presentarla a través de la plataforma del Congreso”, explicó Reyes Rivero, al subrayar que mientras no haya una resolución, los funcionarios o empleados señalados pueden continuar desempeñando sus funciones con normalidad.
Sobre la exdiputada Sharon Macotela, el contralor no descartó que pudiera iniciarse un procedimiento administrativo en su contra, ante la presunción de que también habría tenido a un familiar en la nómina, aunque reconoció que hasta el momento no recuerda que exista un expediente abierto sobre ese caso en particular.
Recordó que las faltas no graves prescriben en tres años, mientras que las faltas graves lo hacen en siete, y que las sanciones pueden ir desde amonestaciones privadas, públicas o inhabilitaciones, como ocurrió el año pasado, cuando se sancionó a nueve personas, tres de ellas con inhabilitación por tres meses, por no presentar su declaración patrimonial en tiempo y forma.
“Todo depende de las pruebas y del debido proceso; mientras tanto, los casos siguen su curso conforme a la ley”, concluyó.
sjl