Pachuca.— Un juez otorgó un plazo de 10 días al Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción para que determine una carpeta de investigación en contra del ayuntamiento de Chapantongo, por el presunto delito de incumplimiento de un deber legal, derivado del impago de laudos laborales firmes a extrabajadores municipales.
Durante una audiencia celebrada mediante un cuaderno preliminar, la autoridad judicial analizó el estado de la investigación iniciada contra el presidente municipal, el síndico y el tesorero de Chapantongo, señalados por no acatar los requerimientos emitidos por el Tribunal Laboral para cumplir con resoluciones definitivas de carácter económico.
Exposición del caso, según la defensa
El abogado de los extrabajadores, Giovani Hinojosa, explicó que la audiencia tuvo como finalidad que el Ministerio Público recabara y expusiera los datos de prueba necesarios para avanzar hacia la judicialización del caso, cuya carpeta de investigación se inició en mayo de 2025.
Te podría interesar
Hinojosa señaló que el hecho de que no se judicialice, resulta una acción lesiva para sus representados, ya que el Ministerio Público argumentó que no ha judicializado el asunto porque aún le faltan diligencias, a pesar de que el Tribunal Laboral ya ha determinado reiteradamente que existe incumplimiento por parte del municipio.
Durante la audiencia también se abordó la intención del Ministerio Público de remitir el caso a otro distrito judicial, bajo el argumento de que el incumplimiento ocurrió en el municipio de Chapantongo.
No obstante, la defensa sostuvo que el desacato se configura desde el momento en que el Tribunal Laboral declara incumplida la sentencia y emite acuerdos exigiendo el pago en tiempo y forma.
El ayuntamiento busca pagar en 10 años
De acuerdo con el abogado, el monto reclamado asciende aproximadamente a 5.4 millones de pesos, cifra que aún está sujeta a una tabulación final, pero que corresponde a laudos firmes que debieron ser cubiertos de manera inmediata. Pese a ello, el ayuntamiento ha propuesto pagar en parcialidades extendidas hasta por 10 años, lo que fue calificado por la defensa como una burla, especialmente porque los extrabajadores son adultos mayores.
“El municipio pretende diferir el pago más allá del periodo de su administración, lo que generaría un conflicto interminable. Existe una sentencia firme y no hay razón legal para no cumplirla de inmediato”, sostuvo Hinojosa, quien reiteró que el Tribunal Laboral ha emitido diversos acuerdos confirmando el incumplimiento.
Finalmente, el litigante informó que el juez estableció que, una vez vencido el plazo otorgado, el Ministerio Público deberá emitir una resolución para judicializar o no el asunto, y en caso de desacato podría hacerse acreedor a sanciones económicas.
SJL