Pachuca.— Un debate que permaneció latente en 2025 entre los municipios de Singuilucan y Epazoyucan con autoridades estatales es la instalación del parque fotovoltaico. Lo que para autoridades estatales y empresas representa una oportunidad histórica de inversión, generación de empleo y transición hacia energías limpias, para comunidades campesinas, productores de maguey y colectivos sociales significó una amenaza directa al territorio, al agua y a una tradición ancestral profundamente arraigada en la identidad regional.
A lo largo del año, manifestaciones, mesas de diálogo, marchas simbólicas y posicionamientos públicos marcaron la discusión, evidenciando una fractura entre dos visiones de desarrollo que, hasta ahora, no han logrado conciliarse.
La Marcha del Color del Maguey
El pasado 13 de julio, colectivos, asociaciones civiles, artistas, estudiantes y habitantes de municipios como Epazoyucan, Singuilucan, comunidades del Valle del Mezquital e incluso del Estado de México, se manifestaron en la Plaza Independencia de Pachuca, con el objetivo de exigir frenar la instalación de parques fotovoltaicos en tierras agrícolas, especialmente en regiones donde el maguey y la tradición pulquera son parte del tejido productivo y cultural.
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Durante la protesta se denunció que empresas extranjeras pretenden ocupar más de 400 hectáreas de campos agrícolas, lo que implicaría el desmonte de magueyales, nopaleras y ecosistemas endémicos, además de la alteración del suelo que permite la recarga de mantos acuíferos en la región.
Los inconformes advirtieron que no se trata de un caso aislado, recordaron el antecedente de Malpaís, en Calpulalpan, Tlaxcala, donde, aseguraron, a cinco años de la instalación de un parque fotovoltaico similar, se han registrado cambios drásticos en el clima local, disminución de lluvias y pérdida del ecosistema.
El maguey como símbolo de resistencia
La movilización de julio continúo el 24 de agosto; habitantes de Epazoyucan ya habían realizado una marcha bajo el símbolo del “Color del Maguey”, como una expresión de identidad y resistencia. Más recientemente, el 21 de junio de 2025, se llevaron a cabo mesas informativas en Singuilucan y Epazoyucan, para explicar a la población los posibles impactos ambientales de estos desarrollos.
Posteriormente, colectivos y productores entregaron oficios y documentos técnicos a distintas instancias gubernamentales, con el objetivo de frenar la emisión de permisos. Entre las principales preocupaciones expuestas destacaron la pérdida de biodiversidad, la afectación al ciclo del agua por la modificación del suelo, y la ruptura de una cadena productiva y cultural que involucra a tlachiqueros, cocineras tradicionales, artistas, pulquerías y productores de destilados que hoy incluso exportan sus productos.
“El maguey no solo es una planta, es identidad, es historia, es sustento. Si desaparece, desaparecen con él siglos de cultura ancestral”, expresaron durante una de las jornadas informativas.
Empresas y permisos cuestionados
El 9 de septiembre se realizó una nueva mesa de diálogo, en la que se reiteraron los riesgos para los mantos acuíferos, las magueyeras y la permanencia de especies de flora y fauna. En ese espacio, los asistentes recordaron que desde 2018 varias empresas han buscado instalar megaproyectos de energía limpia en la región, entre ellas Saturno Solar, Akuwa Solar, Luciérnaga Solar y, actualmente, Dhamma Energy.
Tlachiqueros y vecinos de la comunidad de Jalapilla señalaron que durante la pandemia las compañías aprovecharon el contexto para reforzar su entrada en la entidad, pese a la oposición social. Aseguraron que desde 2019 existían reportes de que el proyecto abarcaría 442 hectáreas y que, aunque se realizaron recorridos y peritajes con dependencias estatales como la Secretaría de Agricultura y la Semarnath, las comunidades nunca fueron informadas de manera clara sobre la aprobación de los proyectos.
Denunciaron además que, tras entregar documentación al gobernador Julio Menchaca y a diversas instancias, solo obtuvieron una respuesta después de la marcha en Pachuca: la confirmación de que el proyecto continuaría.
“El secretario de Desarrollo Económico dice que somos políticos, pero eso es mentira: somos campesinos y productores de maguey y pulque. También asegura que las tierras son infértiles, cuando en realidad son productivas”.
La postura oficial
Desde el gobierno estatal, la narrativa ha sido distinta. Carlos Henkel Escorza, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), aseguró que la administración ha atendido las inquietudes ciudadanas y que los proyectos representan una oportunidad histórica para la región.
Explicó que el parque fotovoltaico forma parte del séptimo paquete de inversiones del estado, con beneficios que van más allá del capital privado: generación de empleos, infraestructura y acceso a energías limpias. Reconoció la existencia de grupos inconformes, principalmente productores de maguey, pero sostuvo que los terrenos fueron arrendados de manera voluntaria, que se trata de tierras infértiles y que todos los contratos fueron revisados por instancias como el Registro Agrario Nacional.
Henkel expuso que, de existir vegetación endémica, se aplicarán protocolos de rescate y reubicación, como lo marca la normativa ambiental; además, mencionó los beneficios ambientales del proyecto: los parques podrían suministrar electricidad a casi 491 mil hogares y evitar la emisión de 378 mil toneladas de CO2.
“A nivel mundial, el 34 por ciento de la energía es limpia; en México apenas llegamos al 26 por ciento”, recordó, al insistir en que la transición energética es impostergable, incluso si implica afectaciones puntuales.
“No hay daño al campo”
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en Hidalgo también defendió la viabilidad del proyecto, su titular, Napoleón González Pérez, afirmó que el parque fotovoltaico, que abarcaría hasta 528 hectáreas, no representa daños al campo ni a los productores, y desmintió versiones sobre una supuesta negativa de la Semarnat.
“Es un parque que va a generar energía limpia y no hace ningún daño al campo”, sostuvo. Señaló que se trata de un negocio entre particulares, con parcelas rentadas de forma voluntaria, y que los estudios técnicos no han detectado afectaciones ambientales irreversibles.
Incluso afirmó que especies como conejos y ganado ovino pueden coexistir con la infraestructura, y que el maguey puede ser trasplantado, descartando una pérdida definitiva.
sjl