Pachuca.— “Si me mata no me importa, quiero justicia”, dice África, con voz bajita pero firme, tiene un moretón en el ojo derecho, usa una blusa gris y el cabello negro. Ella, Gala y Jesús Eduardo están hartas de las golpizas y amenazas ordenadas o perpetradas por Karen Quintero, una activista trans que públicamente se ostenta como defensora de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+ pero en privado, revelan las jóvenes, controla con violencia a quienes ofrecen sexo servicio en El Trébol La Paz, la zona de tolerancia de Pachuca de la que, acotan, dice le pertenece.
La entrevista se lleva a cabo una mañana de septiembre. Las jóvenes se mueven con sigilo en la ciudad para evitar una agresión, están a punto de exhibir a una persona que, aseguran, las ha sometido durante años. Hay una serie de denuncias acumuladas contra ella desde diciembre de 2024 en la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH).
Karen Quintero o María Karen Pérez Jiménez ha accedido a espacios de poder político mediante su organización Transgénero Hidalgo. En sus redes sociales presume cercanía con activistas de la Ciudad de México, con políticos de todos los colores, con alcaldes, regidores, diputados locales y federales, senadores, funcionarios del gabinete estatal o de la Comisión de Derechos Humanos.
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Las denuncias contra ella por amenazas y agresiones no han recibido atención efectiva. Las víctimas aseguran que las investigaciones avanzan lentamente o quedan archivadas, mientras la violencia en su contra ha escalado desde finales del año pasado, cuando empezaron su batalla legal.
África Ivet Sánchez, de tez morena, pelo negro y delgada, explica: “…vamos a Procuraduría, vamos a tocar al Congreso del estado, vamos a presidencia, buscamos a gente y todos se hacen de la vista gorda, me lo han dicho, te apoyamos, pero por debajo del agua. Yo no sé qué miedo le tengan; pero miedo, yo no le tengo, y algún día tendrá que pagar todo lo que ha hecho”.
“En derechos humanos se burlaron de mí”
África Ivet se cansó de pagar cuotas de 300 a 500 pesos y de recibir amenazas. Karen le repetía que nadie la escucharía porque “no sabía hablar” que era "un indio". Un día, cuenta, decidió que era momento de defenderse: “Estaba en mi casa y pensé: si no empiezo yo, nadie lo va a hacer. Sabía en lo que me estaba metiendo y dije: chingue su madre (sic), vamos”.
El 7 de diciembre de 2024 acudió a las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, dice que recibió burlas en vez de orientación.
Un día después, se presentó en la PGJH para denunciar el cobro de piso y amenazas mientras ejercía trabajo sexual. La Fiscalía de Delitos de Género abrió el Número Único de Caso 12-2024-17935 por Trata de Personas en la Modalidad de Prostitución Ajena.
Días después, otras trabajadoras sexuales siguieron los pasos de África, al expediente se integró otra querella por el mismo delito conta Karen Quintero, la 12-2025-00766 y el 8 de enero de 2025, la Fiscalía General de la República remitió a la PGJH otra indagatoria, también contra la misma persona, FED/HGO/PACH/0002662/2024. En total eran seis denunciantes.
Los peritajes en materia de psicología forense arrojaron que las víctimas presentaban inseguridad, ansiedad, miedo, hostigamiento laboral, ambiente tenso y con presión, pero determinó que no configuraba el delito de trata de personas en modalidad de prostitución ajena. El 15 de abril de 2025, el agente del Ministerio Público, Juan Carlos Escamilla Cervantes, determinó el no ejercicio de la acción penal en contra de la acusada.
La venganza: de los puñetazos a los garrotazos
Jesús Eduardo Hernández empezó a trabajar en El Trébol cuando era menor de edad, actualmente tiene 30 años. Es delgado y moreno. Se define homosexual y, también, víctima de Karen Quintero.
El 3 de septiembre de 2025 fue atacado junto con África y Gala afuera de las oficinas de la Secretaría del Bienestar. Relata que la agresión ocurrió como represalia por negarse a seguir entregando dinero a Karen Quintero. Precisa que, en su caso, los golpes fueron menos severos.
“Fuimos a recibir el apoyo que está dando ahorita el licenciado Julio Menchaca Salazar, para la población LGBTTTIQ+, a lo de inclusión social. Fuimos a las oficinas y estas personas que mandó Karen Quintero ya estaban ahí adentro, estaban formadas, a pesar de que ellas no metieron un escrito para que se les diera el apoyo… estábamos mis compañeras y yo para terminar el formulario, cuando se le acercaron a África, le dijeron que Karen las había mandado para que nos dieran una madriza (sic) que si nos sentíamos muy perras, pues nos iban a ubicar, para no sentirnos tan perras”, narra el joven, que lleva el cabello corto y una playera negra.
Recuerda que, cerca de la una de la tarde, al salir de las oficinas de gobierno fueron interceptadas por cuatro hombres armados con tubos tipo bats. África Ivet recibió golpes en todo el cuerpo, con especial saña en el rostro, mientras que Gala fue atacada en el pecho, lo que le provocó una ruptura capsular en la región mamaria izquierda.
“Ellas fueron las más agredidas, ellas fueron las más violentadas, ellos se fueron directos, ya sabían a quien pegarle, después de eso hablamos a la Procuraduría, nos mandaron a los ministerios públicos y ellos fueron los encargados de llevarnos a levantar otra denuncia, que fue por lesiones, nada más”.
Las jóvenes aseguran que pidieron al Ministerio Público abrir la indagatoria por intento de feminicidio debido a que el ataque se perpetró con un objeto contundente; no obstante, quedó asentada como lesiones en el Número Único de Caso 12-2025-13002.
La agresión del 3 de septiembre fue la más reciente, pero no la única. Existen al menos otras dos carpetas de investigación: la 12-2025-03346, iniciada el 3 de marzo por amenazas, lesiones y robo, y la 12-2025-13002, por amenazas. En todas figura Karen Quintero, también conocida como María Karen Pérez Jiménez, junto con otras personas.
Discriminación y falta de oportunidades
Gala Aguilar tiene 30 años de edad, es alta, esbelta, de piel blanca y cabello rubio. Relata que la violencia, primero en el ámbito familiar y luego en el social, la empujó a que la prostitución se convirtiera en su única fuente de ingresos. Apenas cursó la primaria y, cuenta, la discriminación comienza desde el momento en que entrega una solicitud de empleo.
“Estamos muy estigmatizadas, ahí el joto, el ignorante, el joto pendejo (sic), el indio, que nada más sabes dar el culo (sic), que ahí está el lugar El Trébol, que me tienes que pagar a mí, si quieres trabajar, ¿quieres laborar?, a mí me pagas, son 300, 400 pesos, y una accede porque no dan trabajo como mujeres trans, no hay la posibilidad de que puedas ir a pedir un trabajo, se burlan de nosotras”, expresa Gala, tiene la respiración pesada, le tiemblan los dedos de las manos.
A raíz de las denuncias penales en contra de Karen Quintero, Jesús Eduardo menciona que no pueden ejercer servicios sexuales en la vía pública en Pachuca o Tulancingo. Se quedaron sin su principal ingreso económico.
“La verdad hemos pedido fiado en las tiendas, sí lo hemos hecho, nos fían que un kilo de tortillas. Es muy feo estar sin comer, más ahorita que no estamos generando, la verdad sí se nos está dificultando desde el año pasado”, menciona.
Un colectivo emergente
Jesús indica que a finales del año pasado formaron un colectivo: Voces sin silencio, integrado en su mayoría por mujeres transexuales y homosexuales, pero los proyectos que tenían quedaron suspendidos después de la agresión del 3 de septiembre.
Entre sus actividades estaba la organización de cursos de capacitación y la entrega de bastones y sillas de rueda que les entregó una organización.
Uno de los proyectos era la clausura de un curso de masoterapia, cuya ceremonia estaba prevista en la Procuraduría. Sin embargo, después de la golpiza no pudieron realizarla. “No podíamos dar masajes estando golpeadas; lógicamente no es correcto que alguien herido los imparta”, señala Gala, quien usa una blusa de animal print.
También tenían programados cursos de barbería, con los que buscaban ofrecer alternativas de empleo a las integrantes, igual fueron cancelados. Las tres coinciden que, aunque han recibido apoyo institucional, lo que ahora exigen es justicia.
“Queremos ver presa a Karen Quintero y que pague por todo el daño que ha hecho. Hoy podemos decir que somos libres, pero a un costo muy alto”, señalaron.
Nota editorial: Por razones de seguridad de las entrevistadas, se decidió no establecer comunicación directa con la señalada para la elaboración de esta nota informativa.
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