Pachuca.— Con el objetivo de garantizar traslados seguros para niñas, niños y adolescentes, la diputada Karla Perales Arrieta, integrante de la LXVI Legislatura del Congreso de Hidalgo, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad y Transporte del estado que busca establecer mecanismos normativos para prevenir, detectar y canalizar casos de acoso escolar en unidades del transporte público.
Durante la exposición de motivos, la legisladora señaló que la violencia escolar no se limita a los planteles educativos, sino que también se manifiesta en los trayectos cotidianos que realizan estudiantes, particularmente en autobuses y taxis.
“Ignorar este fenómeno es permitir que se perpetúe la violencia en los traslados, afectando el bienestar físico, emocional y social de la niñez y adolescencia”, subrayó.
De ahí que planteó modificar la Ley de Movilidad en tres aspectos: el primero de ellos que tiene que ver con la capacitación de concesionarios, operadores y personal del transporte en materia de prevención y atención del acoso escolar.
En segundo lugar, la creación de protocolos de actuación y mecanismos de denuncia para canalizar los casos a las autoridades competentes. Y en tercer lugar, las campañas de sensibilización dirigidas tanto a usuarios como a choferes y concesionarios.
Política de movilidad
Asimismo, la legisladora propuso la incorporación del principio del interés superior de la niñez como rector en las políticas de movilidad, así como la obligación de la Secretaría de Movilidad y Transporte de coordinarse con la Secretaría de Educación Pública, el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y la Secretaría de Seguridad Pública para implementar un Programa de Seguridad en los Servicios de Transporte.
Perales Arrieta explicó que la iniciativa no genera impacto presupuestal, pues las acciones podrán realizarse con recursos ya asignados a las dependencias correspondientes mediante la reorientación de programas existentes.
Propuesta aún no se concreta
De aprobarse, el decreto instruye a la Secretaría de Movilidad y Transporte a emitir en un plazo máximo de 90 días los lineamientos y protocolos para la detección, atención y canalización de casos de acoso escolar en el transporte público.
La propuesta legislativa se enmarca en compromisos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que llaman a garantizar entornos seguros y libres de violencia para la infancia.
sjl