Pachuca.— Tras considerar el alto índice que se registra en Hidalgo de delitos de índole sexual, diputados y diputadas locales plantearon una iniciativa que busca establecer un Registro de Personas Agresoras Sexuales, con el objetivo primordial de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en la entidad.
La propuesta, impulsada por las diputadas Mónica Leanett Reyes Martínez, Juana Olivia Alarcón Rivera y el diputado Andrés Velázquez Vázquez, plantea reformas a la Ley de Seguridad Pública y la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Hidalgo.
La relevancia de esta iniciativa radica en la alta incidencia de delitos sexuales en Hidalgo, que, según cifras citadas en la exposición de motivos, se ubica dentro de los cinco primeros lugares a nivel nacional.
Te podría interesar
Datos de noviembre de 2024 señalan que la Procuraduría General de Justicia del Estado inició mil 975 carpetas de investigación por este tipo de ilícitos, con un promedio de 5 a 6 delitos sexuales denunciados al día.
Los más frecuentes son el abuso sexual y la violación, afectando con frecuencia a menores de edad en entornos de confianza. En 2023, Hidalgo se posicionó como el quinto lugar nacional en tasa de violación sexual, superando significativamente la media nacional.
La propuesta busca proteger a los menores de edad, tomando en cuenta tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño. Se contrasta con modelos internacionales de registros públicos y restringidos, optando por uno de acceso limitado a autoridades, siguiendo la línea del Registro Central de Delincuentes Sexuales de España y se evita la inconstitucionalidad de un registro público como el de la Ciudad de México, que fue rechazado por la SCJN por vulnerar derechos fundamentales.
El objetivo es prevenir la reincidencia de agresores sexuales y evitar que personas con antecedentes trabajen o interactúen con menores, sin menoscabar sus derechos una vez cumplida su pena.
Se establece que la Dirección General de Estadística integrará este registro dentro de la base de datos estatal, siendo de uso reservado para autoridades de seguridad y procuración de justicia. Además, se podrán expedir certificados de no inscripción en el registro para personas físicas o morales que tengan a menores bajo su cuidado, como un filtro de seguridad. Se argumenta que esta medida no tendrá impacto presupuestal significativo y pondrá a Hidalgo a la vanguardia en el país en esta materia.
La implementación de este registro busca posicionar a Hidalgo a la vanguardia en el país en materia de protección infantil frente a la violencia sexual.
sjl