Pachuca.— La diputada Hilda Miranda Miranda presentó una iniciativa que propone reformar el artículo 243 Bis del Código Penal de Hidalgo para definir y establecer penas específicas para la violencia vicaria. Esta modalidad de agresión, según explicó la legisladora, utiliza a hijas e hijos como instrumentos para dañar emocionalmente a las mujeres.
La propuesta busca visibilizar esta forma de violencia que se manifiesta a través de actos como impedir convivencias judicialmente ordenadas, sustraer ilícitamente a menores, iniciar juicios infundados con fines de desgaste emocional o manipular a los infantes para romper el vínculo materno.
De aprobarse la reforma, la violencia vicaria sería sancionada con penas de cinco a diez años de prisión y de 500 a mil días de multa. Adicionalmente, la pena aumentaría a la mitad si el agresor ostenta la guarda y custodia de los menores, lo que también implicaría la pérdida de la patria potestad, la suspensión del régimen de convivencia y medidas de protección reforzadas para las víctimas. Estas penas serían independientes y acumulativas a las que correspondan por otros delitos derivados de los mismos hechos.
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La legisladora enfatizó que esta iniciativa no crea una figura jurídica nueva, sino que responde a una realidad persistente y silenciada, buscando romper el silencio, garantizar justicia y brindar protección a las víctimas, especialmente a niñas, niños y adolescentes.
Penas más severas para extorsionadores
Por su parte, el diputado Juan Pablo Escalante presentó una iniciativa para adicionar un párrafo al Código Penal estatal, estableciendo una agravante en el delito de extorsión cuando la víctima se dedique al comercio, prestación de servicios, actividades productivas o al transporte de personas o mercancías.
El legislador señaló que esta propuesta busca fortalecer el marco jurídico ante la creciente incidencia de la extorsión que afecta directamente a sectores estratégicos de la economía local. La extorsión se manifiesta de diversas formas, desde llamadas y mensajes intimidatorios hasta agresiones presenciales, impactando significativamente la economía regional y generando daños emocionales y psicológicos en las víctimas.
Actualmente, el Código Penal de Hidalgo establece penas para la extorsión que van de dos a ocho años de prisión y multas económicas de 15 a 250 días. Con esta modificación, se busca incrementar en una mitad la pena correspondiente al delito de extorsión cuando se acredite que la víctima se dedica habitualmente a cualquier actividad económica, con el fin de que las sanciones sean proporcionales al impacto social y económico que generan estos ilícitos.
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