Pachuca.- En el Congreso Local expusieron una propuesta para que el Poder Judicial sea el encargado de integrar mensualmente a los deudores de pensión al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), ya que pesé a haber un listado a nivel estatal, este no es público, acusaron las activistas de Ley Sabina Hidalgo.
Este martes, la diputada Karla Perales Arrieta presentó la iniciativa con proyecto de decreto a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo para que el Tribunal Superior de Justicia se encargue de suministrar, intercambiar, sistematizar consultar, analizar y actualizar de forma mensual los nombres de personas relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones alimentarias para integrar el padrón nacional.
La propuesta busca la adición al Artículo 14 Bis al capítulo 1 de la Función Jurisdiccional y la fracción 27 Bis al Artículo 20 de la Ley Orgánica del Judicial a nivel estatal, ya que pesé a que existe un registro estatal, la sociedad no tiene acceso a la información por un candado legal.
Te podría interesar
La diputada exhortó a sus compañeros de tribuna a apoyar la iniciativa que fue enviada a comisiones, esto con el objetivo de hacer justicia para los niños y niñas hidalguenses ante un asunto privado que se convierte en una problemática pública por que el incumplimiento masivo de pensiones “debilita el desarrollo infantil, genera rezagos educativos y de salud”, expresó y estimó que es un tema de derechos humanos.
“Justicia para las madres, pensión para las niñas, niños y adolescentes. Pensión alimenticia, un derecho, no un favor. Padres ausentes, deudores presentes, que la justicia no sea ciega ante el abandono”, externó Karla Perales.
Hay 500 deudores hidalguenses
En Hidalgo, de acuerdo con la información que Miriam Torres Monroy, directora general del Registro del Estado Familiar, otorgó a las activistas de la Ley Sabina en Hidalgo, existen 500 nombres de deudores de pensión alimenticia a nivel estatal; sin embargo, no hay acceso público al listado, ya que se requiere de un interés jurídico para conocer de manera particular el estado de alguna persona, acusaron las integrantes de la colectiva Citlali Macías y Abigail Díaz.
“Hidalgo hay un registro, pero aún no es público, lo cual impide tener acceso realmente o a que se aplique de manera efectiva la Ley 3 de 3”, declaró Citlali Macías y agregó que por eso se realizó la iniciativa para armonizar la suministración al RNOA por parte del Poder Judicial.
Al ser cuestionadas por la opacidad del listado, las activistas expresaron que existen intereses de por medio, ya que consideraron que “hay muchos deudores alimenticios y violentadores en el poder” y la Ley 3 de 3 dicta quem con un antecedente de este tipo, las personas no pueden ser parte del servicio público.
Procesos largos y costosos: retos del acceso a la justicia
Las integrantes de la asociación Ley Sabina Hidalgo refirieron contar con alrededor de 300 deudores de las obligaciones alimentarias, a diferencia de los 500 en el Registro Familiar; sin embargo, resaltaron que estos casos son ya sentenciado e inscritos en el padrón, ya que es un proceso cansado y costo que muchas madres autónomas prefieren evitar.
“Es muy cansado ser madre autónoma, ser profesional o trabajar y maternar y aparte estar en todo. Estas son cifras, digamos, oficiales de los que ya están registrados… pero siendo muy realistas muchos conocemos algún deudor alimenticio y que no llevan el proceso para evitar problemas o porque les causa mucha fatiga”, explicó Citlali Macías.
Agregó que los procesos representan un reto económico mayor para las madres que maternan solas, ya que las pruebas genéticas son “muy caras”, aunado a que existen abogados que cobran hasta 10 mil pesos para la inscripción del sujeto al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, pese a que dicho trámite es gratuito. Por lo que consideraron que solamente alrededor de un 10 por ciento de casos llega al final del proceso.
Las activistas llamaron a las autoridades a agilizar y automatizar los procesos. Abigail Díaz ejemplificó que en Ciudad de México la demanda se puede iniciar de manera virtual y hay otros estados que brindan una pensión alimenticia al inicio del juicio, esto para el apoyo económico de las familias y las infancias afectadas por la omisión.
“Entonces yo creo que necesitamos buscar los medios para sintetizar estos procesos que son muy largos y muy caros”, dijo.
¿La exposición de nombres de deudores violenta los derechos?
Las promotoras de Ley Sabina en Hidalgo contaron que han tenido mesas de trabajo con legisladoras como Tania Meza, funcionarios del Ejecutivo, de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, en las cuales presentaron propuestas, sin embargo, en algunas instancias se las señalaron como violentadoras de los Derechos Humanos de los deudores de pensión.
Ante ello, se respaldaron con el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde buscaron amparo algunas personas.
“La Suprema Corte dice que sí, efectivamente se están violentando derechos. Sin embargo, es equiparable a que los deudores violentan los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, prepondera el Interés Superior de Niñas, Niños y Adolescentes”, explicó Macías.
sjl