TLAHUELILPAN.- A más de seis años de la explosión ocurrida el 18 de enero de 2019 en Tlahuelilpan, Hidalgo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido un informe especial, en el que responsabiliza a Petróleos Mexicanos (Pemex) por su omisión en la prevención de la tragedia.
La CNDH argumenta que la empresa estatal no cumplió con su obligación de respetar los derechos humanos, al no implementar acciones adecuadas de cuidado, prevención, mitigación y control de riesgos, tal como lo exige la debida diligencia empresarial.
El informe de la CNDH detalla que Pemex Logística, subsidiaria encargada del transporte y almacenamiento de hidrocarburos, estaba al tanto de la situación de riesgo en la zona, incluyendo la existencia de tomas clandestinas y el aumento del robo de combustible.
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A pesar de este conocimiento, la empresa no actuó en consecuencia, lo que, según la Comisión, contribuyó al incremento del grado de peligrosidad y letalidad asociado al manejo inadecuado de los hidrocarburos.
La CNDH subraya la falta de procedimientos de debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos por parte de Pemex, especialmente en lo relacionado con el medio ambiente.
La explosión de 2019, que tuvo lugar en una toma clandestina en un poliducto de Pemex en San Primitivo, Tlahuelilpan, cobró la vida de 137 personas y dejó a 13 sobrevivientes con graves lesiones, principalmente quemaduras. Además, 194 niñas, niños y adolescentes quedaron en situación de orfandad.
La CNDH considera que todo el contexto generó violaciones a los derechos humanos en relación con la protección de la salud, la integridad personal, la protección del medio ambiente y la inobservancia del principio del interés superior de la niñez, atribuyendo estas violaciones al incumplimiento del Estado mexicano en adoptar medidas y disposiciones que garanticen la efectividad de los derechos humanos.
El organismo autónomo expresa su preocupación por el hecho de que, a seis años de los acontecimientos, las personas afectadas no han tenido acceso a un mecanismo de atención adecuado que les permita clarificar su condición y acceder a una reparación integral del daño.
Por el contrario, la CNDH documentó que, al buscar apoyo, las víctimas enfrentan una percepción negativa, discriminatoria e incluso criminalizante por parte de las autoridades.
En términos financieros, la CNDH señala que el gasto ejercido para la atención de la emergencia ascendió a 85.57 millones de pesos, incluyendo atención sanitaria, acompañamiento gubernamental, el derrame de combustible y la reparación del ducto.
Sin embargo, la Comisión destaca que Pemex no precisó labores concretas para resarcir los daños a la población y al medio ambiente, lo que podría constituir una responsabilidad adicional, dadas sus obligaciones legales en materia energética y ambiental, así como una responsabilidad social al no atender los principios de derechos humanos.
La CNDH ha instado a Pemex a elaborar, en coordinación con la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), SEMARNAT, el Gobierno del Estado de Hidalgo y el ayuntamiento de Tlahuelilpan, un programa conjunto de remediación de la zona.
Este programa deberá contemplar la participación activa de la comunidad y de las personas afectadas, así como atender los deseos y necesidades de las familias que buscan preservar las cenizas de sus seres queridos.
Asimismo, sugiere a Pemex y a sus Empresas Productivas Subsidiarias garantizar una mayor prevención de desastres ambientales y protección del ecosistema, así como la atención a desastres ambientales, incluso cuando sean causados por terceros en un acto ilícito.
La Comisión argumenta que estos desastres tienen su origen en el riesgo creado por las actividades de transporte y almacenamiento de hidrocarburos de Pemex, y que la problemática de las tomas clandestinas, al ser conocida y previsible, implica un deber de cuidado por parte de la empresa.
Finalmente, la CNDH ha recomendado a Pemex y a las autoridades competentes:
Diseñar y difundir una campaña de sensibilización sobre el riesgo de la extracción ilegal de combustible en las localidades con mayor incidencia.
Coadyuvar con la investigación de la Fiscalía General de la República para identificar a los responsables de los actos ilícitos.
Garantizar que las trece personas lesionadas sobrevivientes reciban la atención médica, psicológica y de rehabilitación que requieran, hasta obtener el nivel más alto de sanación posible, previa valoración de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
La CNDH también lamenta que, a pesar del tiempo transcurrido, ni el Gobierno Federal, estatal, ni municipal se han acercado a la comunidad o a las familias para consultarlas o presentar acciones para la recuperación del suelo o para la realización de un proyecto que conmemore la memoria de las personas afectadas, lo que considera una consecuencia directa del incumplimiento de la obligación del Estado Mexicano de prevenir y mitigar la degradación ambiental.
*Fotos: especiales