Mario Alfredo Espinoza Bernardini, padre de las dos menores conocidas por su vinculación al llamado caso Zimapán, promovió un juicio de amparo por desaparición forzada en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal del Estado de Querétaro, con el objetivo de obtener información sobre el paradero de sus hijas, a quienes no ha podido ver desde hace más de tres años.
La solicitud fue ingresada el pasado 21 de mayo de 2025 y quedó registrada bajo el expediente 608/2025, misma que fue publicada oficialmente el 22 de mayo. Espinoza Bernardini argumenta que, desde junio de 2022, cuando se inició la primera carpeta de investigación en la que las niñas fueron identificadas como víctimas, ha sido imposible para él saber dónde se encuentran o conocer su estado actual.
“Estoy pidiendo con urgencia verlas… ninguna autoridad me permite verlas o saber cómo están después de todo lo que se ha dicho de ellas a través de los medios de comunicación”, expresó el padre.
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Desde el inicio de la carpeta NUC-20-2022-00203, las menores han sido trasladadas entre distintos refugios, incluyendo uno de la FEVIMTRA (Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas), dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR).
En paralelo a la búsqueda de sus hijas, Mario Alfredo Espinoza emprendió un camino jurídico en contra de la madre de las menores, Jacqueline Trejo Leal, y su pareja sentimental, Saúl Camargo, por los presuntos delitos de corrupción de menores y violencia familiar. Posteriormente, en abril de 2023, se presentó una denuncia adicional por cohecho en contra de Jacqueline Trejo y su hermana Aylén Trejo, tras un presunto intento de soborno a una perito médico de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).
Dicha denuncia, interpuesta por la doctora Araceli Ramírez, quedó asentada en la carpeta de investigación 20-2023-00124. En ella, la especialista denunció que fue presionada para modificar un dictamen médico que descartaba lesiones sexuales, supuestamente a cambio de dinero ofrecido por parte de una exdiputada del Partido Verde.
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Denuncia contra médico
Asimismo, el 31 de octubre del mismo año, el padre de las niñas denunció al médico José Alberto Baños Vázquez por presunta mala praxis y tocamientos indebidos a las menores, bajo el número de carpeta 12-2023-17981.
La Procuraduría de la Defensa del Menor en Hidalgo, por su parte, realizó una evaluación que concluyó que Mario Espinoza es apto, tanto psicológica como económicamente, para asumir la guarda y custodia de sus hijas. Además, acreditó contar con un entorno familiar y condiciones favorables para su desarrollo.
El padre solicitó una investigación exhaustiva no solo sobre los presuntos abusos cometidos contra las menores, sino también sobre el actuar de las instancias que, a su juicio, no han garantizado la protección de los derechos de las niñas.
“Su obligación era protegerlas desde un principio y darles un lugar seguro, pero hasta hoy nada se sabe de ellas… solo sé por la prensa que, en manos de la propia autoridad, una de ellas se ha autolesionado y otra ha sido sometida a múltiples cirugías”, lamentó.
Espinoza Bernardini concluyó que su única exigencia es poder ver a sus hijas y garantizar que se encuentren bien, tras años de incertidumbre legal, mediática y personal.