Pachuca.- Por considerar que el agente del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) acreditó la responsabilidad de Carlos N y Jonathan N. en los presuntos delitos de lesiones, sedición y ultrajes a la autoridad, el juez de Control, Luis Raúl Gonzalez Becerra, decretó el auto de vinculación a proceso en contra de los imputados y otorgó un mes para la investigación complementaria.
Aunque la defensa argumentó que existen videos de prueba en las que se observa a los imputados en un lugar diverso al momento de los desmanes, el juez precisó que no se pueden tomar como datos de prueba debido a que no han sido avalados por la Policía Investigadora.
De acuerdo con los argumentos del juez se acreditan los tres delitos que les imputaron, el de ultrajes a la autoridad debido a que los sujetos denigraron a los policías que estaban resguardando la marcha del 8M; el delito de sedición se acreditó porque impidieron el trabajo de los policías, y las lesiones porque hay una policía que tiene una lesión en la mano.
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La defensa alegó que el delito de lesiones y ultrajes a la autoridad no podían coexistir, aunado a que no se acreditó que fueran policías en ejercicio de sus funciones.
Carlos N y Jonathan N, fueron detenidos después de la marcha del pasado 8 de marzo en la capital. En la primera audiencia ñ se apegaron al término constitucional de 144 horas y este viernes se les vinculó a proceso bajo la causa penal 444/2025.
El juzgador ordenó una investigación de oficio por las presuntas lesiones que tenía uno de los detenidos, y se tenga certeza de dónde provienen.
Las lesiones las causa a otro un daño en su salud y cuya pena de prisión va de 3 meses hasta 10 años de prisión, según el Código Penal para el Estado de Hidalgo.
Carlos N y Jonathan N también están señalados de sedición, que de acuerdo con el artículo 289, cometen “los que, reunidos tumultuariamente, pero sin armas, resisten a la autoridad o la atacan para impedir el libre ejercicio de sus funciones”, acción que contempla hasta dos años de cárcel.
También fueron imputados por ultrajes a la autoridad que se entiende como “toda acción o expresión ejecutada con el ánimo de denigrar u ofender a algún funcionario” y que prevé de 3 meses a 1 año de prisión.
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