PACHUCA.- Una pena mínima de 8 años en prisión y una máxima de 12 por extorsión telefónica y digital es lo que pretende la iniciativa presentada por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista (PVEM) en el Congreso de Hidalgo.
La propuesta también busca aumentar el castigo mínimo en cuanto al delito de extorsión, que actualmente es de 2 a 8 años, pero se pretende que sea de 4 a 8 años y multas de 500 a mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA’s).
La iniciativa reforma el artículo 216 y adicionar el artículo 216 Bis del Código Penal para el Estado de Hidalgo, particularmente para fortalecer el marco normativo para sancionar la extorsión en su modalidad telefónica y digital.
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De acuerdo con datos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en México se registraron 3 mil 765 casos de extorsión durante los primeros 4 meses de 2024, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo reportó que, a través del número del número 089, entre septiembre de 2022 y abril de 2024 hubo 9 mil 448 denuncias de extorsión telefónica no consumada y 523 consumadas.
En tanto, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se registró un promedio de 27.6 casos de extorsión al mes de enero a septiembre del año pasado.
El Código Penal de Hidalgo contempla el delito de extorsión, sin embargo, la iniciativa considera que la legislación actual “no responde a las nuevas dinámicas en las que este crimen se comete”, pues las penas que se establecer no son proporcionales “a la gravedad del daño que sufren las víctimas ni al impacto social de este delito.
Así quedaría
Además del aumento de la pena mínima ya establecida, de dos a cuatro años, la propuesta busca adherir el artículo 216 Bis, donde se establece la modalidad de extorsión telefónica y digital, por medio de llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos, redes sociales, aplicaciones móviles, plataformas digitales y otros medios de comunicación electrónica, radial o satelital.
Las penas en prisión que se proponen van de los 8 a los 12 años, además de 500 a 5 mil UMA’s, con el agravante de que si el delito se comete en contra de adultos mayores, niñas, niños, adolescentes o personas o personas con discapacidad, la sanción aumentará en una mitad.
De igual forma, se incrementarán las penas cuando la extorsión telefónica o digital incluya suplantación de identidad, falsificación de datos o usurpación de funciones de una autoridad, o cuando el delito sea cometido desde un centro penitenciario.
jgp