El Gobierno de México formalizó la expropiación de 218 mil 716.774 metros cuadrados de terrenos de propiedad privada para la construcción del Tren AIFA–Pachuca, por considerarlo de utilidad pública y prioridad nacional, de acuerdo con el decreto publicado el 22 de diciembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El decreto, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, establece que la superficie expropiada corresponde a 77 inmuebles ubicados en los municipios de Mineral de la Reforma, Tizayuca, Tolcayuca, Villa de Tezontepec, Zempoala y Zapotlán de Juárez, en el estado de Hidalgo, así como Tecámac y Temascalapa, en el Estado de México. Los terrenos pasarán a ser propiedad de la Federación para la ejecución del proyecto ferroviario.
Con esta medida, el Ejecutivo federal deja sin efectos el decreto previo de ocupación temporal emitido en septiembre de 2025, con lo que se consolida jurídicamente la liberación del derecho de vía necesario para avanzar en la construcción del tren.
Te podría interesar
En el documento oficial se argumenta que la expropiación se sustenta en los artículos 27 y 28 de la Constitución, que facultan al Estado a disponer de la propiedad privada por causa de utilidad pública y reconocen al transporte ferroviario como un área estratégica para el desarrollo nacional.
El Tren AIFA–Pachuca forma parte del Sistema Ferroviario Mexicano de Pasajeros, declarado área prioritaria desde noviembre de 2023, y está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030, que contempla la construcción de 3 mil kilómetros de nuevas líneas férreas para pasajeros durante el actual sexenio.
El proyecto busca conectar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con la capital hidalguense y la zona metropolitana del Valle de México, ofreciendo una alternativa de transporte segura, eficiente, sostenible y de carácter multimodal.
Movilidad
La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario emitió un dictamen técnico en el que concluye que el tren mejorará significativamente la movilidad y las condiciones de vida de la población en los municipios involucrados. Además, se prevé que el proyecto genere derrama económica local, impulse la creación de empleos y fortalezca la integración regional entre Hidalgo, el Estado de México y la Ciudad de México.
El decreto destaca que la infraestructura ferroviaria permitirá conectar centros urbanos, zonas industriales, infraestructura aeroportuaria y destinos turísticos, contribuyendo al desarrollo urbano ordenado y al crecimiento económico regional.
Procedimiento legal e indemnización
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) fue la encargada de integrar el expediente de expropiación y de garantizar el cumplimiento del procedimiento previsto en la Ley de Expropiación, incluyendo la garantía de audiencia previa a los propietarios de los inmuebles afectados, en observancia de los artículos 14 y 16 constitucionales.
Asimismo, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) emitió los dictámenes valuatorios correspondientes para determinar el monto de la indemnización que deberá pagarse a los propietarios conforme al valor comercial de cada predio.
El decreto precisa que los terrenos expropiados fueron considerados idóneos y necesarios para el trazo del proyecto, y que no existía una alternativa técnica viable que evitara su utilización.
El documento también subsana una omisión detectada en la declaratoria de utilidad pública publicada en septiembre, donde no se mencionó expresamente al municipio de Zempoala, Hidalgo, pese a que sí se incluían predios de esa demarcación. La resolución confirma la legalidad de la inclusión de dichos inmuebles.
En total, la expropiación abarca predios distribuidos en ocho municipios de dos entidades federativas, consolidando uno de los procesos de liberación de derecho de vía más amplios realizados para un proyecto ferroviario de pasajeros en el centro del país.
mai