Pachuca.— El Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito negó otorgar amparo al exrector de la UAEH, Gerardo Sosa Castelán, quien buscaba revertir la resolución que dejó sin efectos el sobreseimiento parcial dictado en la causa penal 263/2020, donde enfrenta imputaciones por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La decisión ratifica que el juez de control, Gregorio Salazar, actuó sin competencia al resolver dicha petición, debido a que el caso ya se encontraba en etapa de juicio oral.
El proceso contra el también expresidente del Patronato Universitario inició en 2020, cuando la Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión al acusarlo de encabezar —junto con otras personas—, una estructura que entre 2011 y 2018 presuntamente utilizó la sociedad Contabilidad del Siglo XXI Pachuca S.C. para realizar movimientos financieros irregulares por más de 58 millones de pesos. Tras diversas actuaciones, en junio de 2023 se dictó el auto de apertura a juicio y el expediente fue turnado al Tribunal de Enjuiciamiento.
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Pese a ello, en septiembre de 2024 la defensa solicitó al juez de control una audiencia para plantear el sobreseimiento, argumentando que los hechos imputados no constituían delito y presentando como prueba un dictamen pericial contable ofrecido originalmente para la etapa de juicio.
El juez admitió la prueba, permitió declarar al perito y decretó el sobreseimiento parcial, además de ordenar el cese de medidas cautelares. Justificó su intervención afirmando que el Tribunal de Enjuiciamiento podría contaminarse si conocía previamente elementos que serían analizados durante el juicio.
La Fiscalía General de la República apeló y, en marzo de 2025, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación revocó la determinación al concluir que el juez de control carecía de facultades para atender la solicitud, pues el asunto ya se encontraba plenamente en la etapa de juicio oral; además, señaló que se vulneró el principio de continuidad procesal y que se valoró de manera anticipada una prueba reservada para el debate.
El amparo
Contra esta resolución, Sosa Castelán promovió un juicio de amparo alegando violaciones a sus derechos constitucionales, falta de estudio integral de los agravios y afectación a los principios de imparcialidad e inmediación.
No obstante, la magistrada instructora Sara Olimpia Reyes García determinó que el tribunal responsable actuó conforme a derecho, que la competencia es un tema de orden público que debía revisarse de oficio y que no existió vulneración a derechos fundamentales.
En consecuencia, el tribunal resolvió que la justicia federal no ampara ni lo protege, y permanece firme la revocación del sobreseimiento. Con ello, el proceso penal deberá continuar ante el Tribunal de Enjuiciamiento, que será el encargado de conducir el juicio oral y emitir la sentencia correspondiente.
La detención
El 31 de agosto de 2020, la FGR aprehendió a Gerardo Sosa junto a otras cuatro personas en la Ciudad de México. Desde entonces, la mayoría de estos individuos han visto sus procesos penales concluir debido a la falta de pruebas que sustenten las acusaciones en su contra y en septiembre se sobreseyó la causa penal del también exrector universitario.
El pasado 24 de septiembre de 2024, el juez de control, Gregorio Salazar Hernández, resolvió que las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero habían sido desestimadas con las pruebas presentadas por la defensa y ya no tendrían validez, de ahí que ordenó la inmediata libertad del imputado.
En ese momento, el acusado estaba en espera de que se fijara una fecha para su juicio, pero el juez determinó revisar nuevamente el caso y cerrar el expediente.
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