Pachuca.— En audiencia de ejecutoria de amparo, otro de los implicados en los hechos violentos registrados en el municipio de Zacualtipán —relacionados con la quema de patrullas y la destrucción de bienes del ayuntamiento y de un particular— obtuvo el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva por la de firma periódica.
La audiencia se llevó a cabo dentro de la causa penal 1180/2023, en la que el imputado Catarino N, enfrenta cargos por daño en la propiedad doloso, robo calificado, ultrajes a la autoridad e ilícitos cometidos en pandilla, en agravio del Ayuntamiento de Zacualtipán, la administración pública, el expresidente municipal y otros.
La jueza Janett Montiel Mendoza resolvió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y ordenó levantar la medida cautelar de prisión preventiva justificada e imponer en su lugar la firma periódica de manera quincenal.
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En este asunto, la defensa legal está a cargo de Solís y Moreno Abogados, mientras que la representación social corresponde a la agente del Ministerio Público, Delia Nelly Prado Espinoza.
Cabe recordar que, tras los sucesos, 12 personas fueron vinculadas a proceso, presuntamente responsables de los hechos y se les dictó la medida de prisión preventiva.
Hace unos días, ocho personas más involucradas en los mismos hechos obtuvieron su libertad, luego de emitir una disculpa pública dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública, al Ayuntamiento de Zacualtipán, al gobierno del estado de Hidalgo y a un particular, además de comprometerse a la no repetición de conductas similares.
Antecedente
Las 12 personas fueron detenidas después de los hechos violentos ocurridos en el municipio de Zacualtipán, en el que un grupo de personas quemó patrullas, lanzó huevos al ayuntamiento y posteriormente se dirigió a la casa del entonces presidente municipal para destruir sus pertenencias.
Todo ello derivado de un presunto caso de abuso policial, en el que un hombre de la tercera edad perdió la vida, hecho que generó el descontento social y la población arremetió contra las autoridades de seguridad pública y del ayuntamiento.
En un principio se hablaba que el monto de daños ascendía hasta los 12 millones de pesos; sin embargo, las ocho personas que obtuvieron su libertad aseguraron haber pagado una cantidad menor, mientras que la persona que está ocasión logró su libertad no tuvo que ofrecer una disculpa pública pues su asunto continuará en libertad.
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