Pachuca.- La colectiva Ley Sabina en Hidalgo festejó la aprobación del Congreso local que hace público el Registro de Deudoras y Deudores Alimentarios, ya que con ello se podrá aplicar la ley 3 de 3 y aplicar limitaciones a personas en la lista, así lo declaró la integrante de la organización, Abigaíl Díaz, quien agregó que la colectiva también busca la gratuidad de las pruebas de paternidad.
En entrevista con LSR Hidalgo, la activista por los derechos de las infancias declaró que la publicación de la lista de morosos de pensión era la meta más importante para la colectiva Ley Sabina.
Cabe mencionar que fue el pasado viernes cuando el Congreso de Hidalgo aprobó la iniciativa para reformar el 141 Bis de la Ley para la Familia, con lo que el registro que realiza la Dirección del Registro Familiar en Hidalgo podrá ser revisado por cualquier persona e institución.
Te podría interesar
Sin fecha de publicación
Abigaíl confesó que aún se desconoce la fecha en que podrá ser revisado, pero adelantó que con esta reforma se podrá aplicar la ley 3 de 3 de manera correcta en Hidalgo, “conocemos casos de algunas chicas que sus deudores alimenticios que estaban ocupando cargos públicos” en ayuntamientos o incluso como presidentes municipales.
“Esto es histórico, es muy importante. Las personas deudoras alimentarias no podrán tramitar algún tipo de licencias, pasaportes, adquirir bienes raíces o si es que se casan tienen que sacar un certificado de no deudor alimenticio para hacer este trámite por la vía civil”, agregó y resaltó la importancia de no ocupar un cargo público al tener deudas con los hijos e hijas.
Díaz recordó que en el padrón hay mayoría de hombres, pero también existen deudoras alimentarias porque “los violentadores existen sin distinción de género, al final de cuentas es una ley que está hecha para el interés superior de niñas, niños y adolescentes”.
Pruebas de paternidad gratuitas
Otra de las preocupaciones del colectivo es el gasto que las mamás cubren durante los juicios, ya que a veces no tienen recursos económicos para que sus hijos accedan a todos sus derechos y algunos trámites son costosos, como la prueba de paternidad.
La activista hidalguense calculó que estos exámenes cuestan más de 20 mil pesos, en los laboratorios más económicos. Dinero que representa más de dos meses del salario promedio en el estado.
Ley Sabina busca que el estado pueda “generar algún recurso o que haya un costo para estas actas de no deudores alimentarios”, con el objetivo de que los menores de edad puedan acceder a las pruebas de paternidad de forma gratuita o a bajo costo.
“Todo sale de su bolsa de la mamá hasta que comprueban pues que la persona sí es el progenitor. Muchos conocemos a aquellos padres que abandonan a la mujer embarazada, se deslindan de esta responsabilidad; y las madres dentro de ese falso empoderamiento, registran al menor sin los apellidos del progenitor. Ya después vienen los problemas de estar peleando el reconocimiento paterno”, expresó las situaciones en las que se solicita el análisis.
En el mismo sentido dijo que la colectiva de la que es parte también busca “pulir” las normativas para prevenir y castigar la violencia vicaria, puesto que las pruebas periciales en juicios de custodia pueden ser alteradas y las autoridades no ven el trasfondo.
sjl