Pachuca.— El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, defendió la colocación de vallas metálicas en las inmediaciones del Palacio de Gobierno y del Reloj Monumental, argumentando que se trata de una medida de protección al patrimonio público y a las personas, y no una acción contradictoria frente al derecho de protesta de los hidalguenses.
El mandatario explicó que la decisión responde a experiencias previas en las que, pese a que la mayoría de manifestantes se condujeron de manera pacífica, “hay infiltrados que generan desorden”, particularmente en torno al Reloj Monumental, un espacio al que describió como un símbolo que ha sido objeto de reclamos públicos por su deterioro.
“El bien no es del gobierno, es de la sociedad, y es nuestra obligación protegerlo. Debo insistir, en los tres años de administración he visto manifestaciones pacíficas, pero no falta quienes no son de aquí y aprovechan las ocasiones para expresar su inconformidad con la vida y lastimar a las personas”.
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Menchaca Salazar indicó que el Estado está facultado para garantizar el orden público y que asumiría cualquier crítica derivada de estas medidas. Llamó a que todas las marchas se realicen en un ambiente de “paz, tranquilidad y libertad”, y a inhibir la presencia de personas que desvirtúen los objetivos de las manifestaciones. Recordó que en movilizaciones anteriores hubo incidentes graves, como el caso de una persona que roció gasolina a mujeres policías.
Investigaciones abiertas y posibles citatorios
Sobre las investigaciones relacionadas con la llamada Estafa Siniestra, y la posibilidad de que exfuncionarios sean citados, incluido el exgobernador Omar Fayad, Menchaca aseguró que no existe ningún pacto de impunidad y que cualquier persona señalada con elementos suficientes podrá ser llamada a declarar.
Aclaró, no obstante, que un citatorio no puede emitirse sin causa justificada: “No se trata de estar ‘disparando’ citatorios sin fundamento. Si alguien dijo públicamente que tiene información, a partir de ahí se genera la indagatoria”, indicó.
Asimismo, afirmó que actualmente las investigaciones no han concluido, que hay carpetas activas y que ya existen procesos contra presidentes municipales, regidores y exservidores públicos, y que en la medida en que haya señalamientos concretos que implique a funcionarios actuará la Procuraduría.
Sobre los señalamientos de la diputada Carolina Viggiano sobre un móvil político, tras el citatorio de la PGJEH para declarar sobre la Estafa Siniestra, el gobernador expuso que hay una obligación tras emitir afirmaciones. “No solamente podemos sacar por coraje, rencor o lo que se quiera, un comentario a la ligera. Se hacen afirmaciones y se tienen que sostener (…) entonces cuando se señale por cualquiera de los implicado o cualquiera que dice saber cómo se llevaron a cabo los sucesos se integra una carpeta”.
Del mismo modo, reconoció que en su administración se detectaron a funcionarios que hicieron uso irregular de sus nombramientos dentro de la Secretaría de Movilidad y Transporte, y que actualmente están procesadas.
“En el momento en que yo termine la administración, la próxima deberá de hacer una revisión muy clara y puntual sobre todo el ejercicio de los recursos públicos y los que tenga que ver su servidor directamente asumir esa responsabilidad. pero yo no puedo asumir toda esa estructura de todos los trabajadores del gobierno para eso está la Contraloría Superior del Estado”.
sjl