Pachuca.— La diputada Mónica Leanett Reyes Martínez, integrante de la LXVI Legislatura del Congreso de Hidalgo, presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley en Materia de Desaparición de Personas, con el propósito de armonizarla con las recientes reformas federales y fortalecer los mecanismos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas; busca incorporar herramientas tecnológicas y un enfoque de derechos humanos para agilizar la localización de personas, así como garantizar la participación activa de las familias de las víctimas en los procesos de búsqueda e investigación.
Datos biométricos y plataforma única de identidad
Entre los puntos más relevantes, la legisladora planteó que toda autoridad o particular que tenga a su cargo datos biométricos deberá permitir su consulta a la Fiscalía Especializada y a la Comisión de Búsqueda de Personas, exclusivamente para fines de identificación. Además, se prevé la creación de una “Ficha de Búsqueda” que deberá difundirse de manera inmediata y masiva en medios, redes sociales y portales oficiales.
La iniciativa también contempla la interconexión del Banco Estatal de Datos Forenses con el Banco Nacional, así como la obligación de que los servicios periciales practiquen pruebas genéticas antes de cualquier inhumación, a fin de evitar el extravío de cuerpos sin identificar.
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Crisis en aumento
El planteamiento de la legisladora surge en un contexto de creciente crisis de desapariciones. Tan solo en Hidalgo, al corte del 28 de agosto de 2025 se registraron mil 604 personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL). De ellas, mil 369 permanecen desaparecidas y 235 no localizadas, mientras que 4 mil 775 personas han sido localizadas con vida y 361 sin vida, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda.
A nivel nacional, el número de casos alcanzó 128 mil 64 personas desaparecidas hasta mayo de 2025, según el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, cifra que refleja un aumento del 12 por ciento respecto al año anterior.
Coordinación y recursos
Reyes Martínez destacó que su propuesta responde a la obligación federal de armonizar las leyes estatales en un plazo de 60 días tras la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 16 de julio. Para ello, sostuvo mesas de trabajo con la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo y el Subprocurador Jurídico y de Derechos Humanos, a fin de ajustar el marco local a las necesidades institucionales.
La iniciativa prevé además un impacto presupuestal para la creación de nuevas unidades de investigación especializadas, con personal ministerial, forense y de análisis de contexto, así como infraestructura tecnológica.
“No hay nada más desgarrador que no saber. La incertidumbre es una forma de tortura, quizá la peor forma de tortura, y como Estado tenemos la obligación de impedir que esa incertidumbre se perpetúe”, expresó la legisladora, tras señalar que la desaparición de personas es una crisis que no se detiene y que se ha convertido en un modo de control social que limita la libertad de movimiento.
sjl